El empresario, el chavismo y la guerra económica

Fotografía: Juan Barreto | AFP

Como si se tratara de una crisis heredada de alguna administración anterior en días pasados se realizaron una seria de anuncios forman parte de un plan de estabilización de la economía, una economía que se aproxima a su quinto año en contracción, que atraviesa un proceso hiperinflacionario y que enfrenta una ola migratoria que ya comienza a despertar alertas en las fronteras vecinas. Como es costumbre los anuncios se hacen en un ambiente de alta incertidumbre, sin precisar ni hacer mucho énfasis en la manera en que serán implementadas la medidas o esa fórmula que recuperará la economía, con el pasar de los días se van agregando nuevos anuncios que vienen a complementar los previos, pero sin terminar de despejar las dudas que terminan siendo mayores con cada nueva declaración oficial.

Pareciera que se intenta revivir fenómenos como el “Dakazo”, que termina siendo el as bajo la manga del que hace uso una y otra vez el chavismo cada vez que percibe un ambiente de descontento dentro de la población, luego de un incremento del salario mínimo del 5900 % que sirvió de antesala a la entrada en circulación del nuevo cono monetario y a la reconversión monetaria que daba inicio el 20 de agosto, la arremetida fue contra cadenas comerciales, que son el objetivo favorito de la revolución cuando necesita un culpable del feroz aumento de precios que azota al consumidor venezolano. La justificación siempre es la misma, es el empresario y el comerciante quien emprende una criminal guerra económica contra la revolución y el pueblo venezolano, el discurso oficialista siempre apunta a los dueños de comercios como los culpables de que el poder adquisitivo del ciudadano se haya vuelto polvo cósmico, voceros oficiales, intelectuales “revolucionarios” y organismos oficiales son los encargados de divulgar esta matriz de opinión que no hay que subestimar, porque si algo ha calado en la población venezolana es el discurso anti empresarial que ha sido la punta de lanza del chavismo desde sus inicios.

Es común escuchar, de boca de personas que no son precisamente afectas al chavismo, que son necesarios más y mejores controles, porque el comerciante especula impunemente, no solo es política del oficialismo emprender persecuciones policiales contra empresarios y comerciantes, sino que dicha persecución tiene acogida dentro de la tribuna de consumidores descontentos porque su poder adquisitivo se reduce constantemente, precios controlados, precios justo, precios acordados, son la respuesta oficial ante la suplica del consumidor de preservar el valor de la moneda, deber que reside en el Banco Central de Venezuela (BCV) pero que ha sido relegado para convertirse en el principal financista del déficit fiscal del país. La hiperinflación en Venezuela tiene su origen en el continuo financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV, no es el empresario, no es el comerciante, no es la guerra económica, es por ellos que anuncios como un aumento nominal del salario mínimo, lista de precios acordados, fiscalizaciones a comercios, no vienen a preservar el valor de la moneda.

En Venezuela se ha impulsado desde el chavismo una seria de distorsiones que reinan hoy en la vida del ciudadano, distorsiones que crean incentivos perversos en los agentes económicos, ante la fijación de un precio máximo la respuesta natural es un aumento en la cantidad demandada de un bien, por lo tanto cuando los organismos de seguridad del chavismo llegan a un determinado comercio y obliga a que los precios sean bajados de manera arbitraria la respuesta natural del consumidor es comprar aquellos bienes que de la noche a la mañana tienen un precio considerablemente menor, si esto es o no ético, es una discusión que escapa del objetivo de estas líneas, hay quienes definen esto como saqueos controlados. A pesar de que la revolución desconoce el mecanismo de mercado y se definen como un gobierno socialista, a veces pareciera que usan la ley de la oferta y la demanda para alcanzar sus objetivos, que en este caso sería acabar con la iniciativa privada.

La figura del empresario no puede ser vista como un enemigo a vencer, este es el discurso que por años ha vendido el chavismo a la población y buena parte de ella, oficialista y no oficialista, ha interiorizado, al punto de culpar al empresario de una crisis que es responsabilidad directa de quien por 20 años ha llevado las riendas del país. La iniciativa privada debe punta de lanza del crecimiento económico de un país, es el empresariado, mediante la innovación, el catalizador de un proceso de creación de riqueza en una nación, la creación de empleos, una mayor productividad que redundará en mejores sueldos y salarios, un ambiente de constante competitividad que lograra que los consumidores tengan acceso a más y mejores productos y servicios, son algunos de los beneficios de un entorno de confianza y respeto a la propiedad privada, el estado empresario debe ser una idea rechazada, no es en el sector publico que debe recaer la responsabilidad de producir bienes y ofrecer servicios, inclusive la industria petrolera ir a un proceso de privatización o al menos buscar mecanismo que eviten que el gobierno de turno utilice la renta petrolera para sus cruzadas ideológicas personales.

Venezuela ha vivido bajo el mito que por ser un país petrolero es un país rico, es como quien por nacer en cuna de oro tiene el éxito asegurado, el petróleo pudo haber sido un impulsor de la economía nacional sin embargo ha sido utilizado una y otra vez como instrumento de las elites políticas para sus proyectos personales, es por ello que el empresario y la iniciativa privada debe ser la piedra angular de la reconstrucción de la economía, desde el pequeño comerciante hasta el consorcio empresarial  más grande deben desarrollare en un ambiente de respeto a la propiedad privada y de constante fomento de la competencia, la búsqueda de mayor productividad en cada sector hará que los consumidores tengan acceso a precios más bajos y calidad superior entre una variedad envidiable de productos y servicios, el gobierno debe ser el encargado de fomentar las condiciones necesarias para ello y no el vocero de un discurso anti empresarial que promueve una lucha de clases entre consumidores y comerciantes, es momento de abrir camino a una economía de libre mercado que garantice las disponibilidad de bienes y servicios y no un Estado paternalista que decida por la población que producir, que consumir, en que cantidades y a qué precio.

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Economista. Actualmente cursando estudios de postgrado de Economía Aplicada, UCAB. Apasionado por la economía y como influye en cada aspecto de nuestra vida.