Superintendencia nacional de la expoliación

Fotografía: Gregorio Teráz / AVN

El pasado 5 de enero algunas cadenas de supermercados se abarrotaron de personas en la búsqueda de productos arbitrariamente rebajados por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), las colas fueron monumentales, la desesperación  llegó a tal punto que incluso en aquellos comercios donde los fiscales de la Sundde no habían hecho acto de presencia las personas esperaban con los carritos de mercado llenos de productos con la esperanza de que las rebajas aparecieran. Esta clase de arbitrariedades por parte del Ejecutivo Nacional no son ninguna novedad, de hecho cada vez se hacen más recurrentes, cabe recordar el famoso “Dakaso” de 2013 donde se pidió que no quedara nada en los anaqueles de la cadena de tiendas de electrodomésticos, la diferencia radica es que se ha pasado de electrodomésticos a alimentos, pareciera que se echa mano de lo poco que queda en los anaqueles de un país con una disponibilidad cada vez menor de productos de los cuales apropiarse.

Desde enero de 2003 en Venezuela se instauró un férreo control de precios que se encuentra vigente hasta la actualidad y que pese a las enormes distorsiones que ha generado se han continuado avanzando tozudamente en su implementación a una cantidad cada vez mayor de bienes y servicios, sin embargo no contento con ello se han implementado medidas populistas como llegar a un local comercial y mandar a bajar los precios unilateralmente sin considerar los costos de reposición de la mercancía.

Pudiese parecer inofensivas estas acciones de la Sundde y hasta hay quien las defienda y justifique, sin embargo es importante tener en cuenta ciertos aspectos de interés y las consecuencias que traen consigo.  La conducta de los consumidores tiende a ser dinámica, es decir, que puede anticiparse a cambios esperados en el mercado, por lo que ante una rebaja sustancial en el precio de un bien es factible que el individuo sienta la necesidad de comprar una cantidad mayor de ese bien. Según datos reportados a la Comisión de Valores del EEUU (SEC por sus siglas en inglés), Venezuela en 2016 acumulaba tres años con el PIB contrayéndose, es decir, la producción de bienes y servicios del país ha venido cayendo sostenidamente a lo largo de tres años, sin contar que las previsiones para el 2017 no son alentadoras. Por otro lado, las importaciones se han venido reduciendo recurrentemente  y cada vez en mayor medida según este informe, al pasar de 57.183 millones de US$ en 2013 a 16.370 millones de US$ en 2016, una caída de alrededor de 249%, una cifra verdaderamente alarmante en un país donde la producción viene en picada. Como si fuese poco el precio del barril de petróleo paso de US$ 88,4 en 2014 a US$ 35,2 en 2016, los ingresos del país se han venido reduciendo sustancialmente a lo largo de estos años.

Las fiscalizaciones de la Sundde son la respuesta del Ejecutivo ante la aparición formal del fenómeno hiperinflacionario en Venezuela, ante la ausencia de cifras oficiales se hace referencia a las cifras de inflación presentadas por tres organizaciones distintas: Asamblea Nacional: inflación de diciembre 85% y acumulada 2.616%. Ecoanalítica: inflación de diciembre 81% y acumulada 2.874%. Econométrica: inflación de diciembre 98,1% y acumulada 2.999%

Una inflación que supero con creces el 2.000% durante el año 2017 es evidencia clara de la destrucción del poder adquisitivo del trabajador venezolano, así como la sentencia de muerte de muchas industrias y comercios que se verán desaparecer ante un fenómeno tan destructivo como es el de la hiperinflación. Ante la ausencia de políticas coherentes y dirigidas a corregir los desequilibrios macroeconómicos del país, la solución que se decide implementar es perseguir a los comerciantes con fiscalizaciones que rebajan de manera criminal los precios de los productos sin tomar en cuenta el costo de adquisición o de reposición de la mercancía afectada, desatando compras desenfrenadas que solo servirán para vaciar los anaqueles sin la certeza que en el futuro cercano reaparezcan los productos. La aplicación de estas medidas degenerarán en una mayor escasez y en una cantidad creciente de intentos de saqueos. Ante una oferta de bienes y servicios cada vez menor, bajas de precios a la fuerza solo genera perversos estímulos en el consumidor que ante una cada vez menor disponibilidad de productos y una destrucción de su poder de compra intenta deshacerse desesperadamente de bolívares que compran cada vez menos.

La instauración de un mecanismo de libre mercado es imprescindible para generar las condiciones necesarias de la  reconstrucción del país, las distorsiones provocadas por las erradas políticas que han imperado en las dos últimas décadas deben ser corregidas a la brevedad, la confianza en la moneda debe ser restaurada y el Banco Central de Venezuela debe recuperar su autonomía y concentrar todos sus esfuerzos en estabilizar y preservar el valor de la moneda, los controles de precio deben ser desmontados y se debe ir en busca de la financiación necesaria para estimular la producción, así como para paliar el grave déficit de bienes y servicios que Venezuela padece actualmente. Las actuaciones de la Sundde solo traerán consigo males mayores a la sociedad, el ciudadano debe comenzar a concientizar que no hay un mejor mecanismo para asegurar el bienestar económico que fomentar la competencia en los mercados, un Estado que decide que se debe consumir, en qué medida, qué se debe producir y en qué cantidad, y a qué precio, jamás podrá asegurar el bienestar de la población.

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Economista. Actualmente cursando estudios de postgrado de Economía Aplicada, UCAB. Apasionado por la economía y como influye en cada aspecto de nuestra vida.