El próximo 18 de noviembre Guyana presentará sus alegatos sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el caso de la controversia territorial con Venezuela.
Esto, debido al procedimiento activado en marzo de este año, por petición de Guyana, una vez que el Secretario General de la ONU dio su aval tras 50 años sin avances significativos para alcanzar una arreglo práctico; tal como establece el Acuerdo de Ginebra de 1966: único instrumento jurídico que obliga a las partes a hallar una solución mediante los medios pacíficos contemplados por la Carta de Naciones Unidas en su artículo 33.
Consecuentemente, Venezuela se ha negado a acudir ante la corte por considerar que presentar el diferendo territorial ante un tribunal viola el espíritu del Acuerdo de Ginebra, el cual exige una negociación política entre ambos países y no una sentencia impuesta por un tercero. Ya el 18 de junio pasado, una delegación venezolana integrada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, comunicaron al presidente la corte que Venezuela no participaría en el proceso, por lo tanto, no podría ser activado. Dijo Rodríguez:
«Esta decisión, informada debidamente a la Corte Internacional de Justicia, es cónsona con la posición histórica de Venezuela de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia, en la que Venezuela no escatimará esfuerzos en la defensa de sus legítimos derechos sobre la Guayana Esequiba»
Ver: La controversia petrolera con Guyana: ¿A qué nos enfrentamos?
El intento guyanés por «judicializar» la controversia se motiva por la urgencia de establecer límites marítimos en la zona económica exclusiva e iniciar la exploración de hidrocarburos en la fachada atlántica guayanesa: un espacio marítimo compartido por Venezuela y Guyana donde yacen los descubrimientos costa afuera más importantes de las últimas décadas.
En 2013, la armada venezolana arrestó a un barco de prospección sísmica, el Teknik Perdana, que se encontraba en labores para la empresa estadounidense Anadarko Corp. en el bloque Roraima, colindante de la delimitación marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, establecida en 1990. Además en 2015, tras un decreto presidencial, Venezuela estableció la territorialidad en un amplio espacio marítimo que se proyectó hasta las 200 millas náuticas desde la desembocadura del río Esequibo en azimut 070°, solapando gran parte de la pretensión marítima guyanesa y surinamesa. Tras una denuncia internacional de varios países, el decreto de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima Insular (ZODIMAIN) de fue modificado y luego derogado, siendo finalmente suplantado por otro decreto donde no se establecen las coordenadas pertinentes.
Ante la corte, Guyana pretende que sea ratificado el laudo de 1899, el cual estableció de manera fraudulenta los actuales límites terrestres entre ambos países. Desde entonces Venezuela reclama la nulidad de esa decisión arbitral por haberse basado en una componenda política que pretendió, con apariencia de legalidad, establecer la soberanía británica sobre la cuenca del río Esequibo. Esta decisión, que carece de motivación y justificación jurídica, arrebató a Venezuela de más de 139.000 km2 de territorio y condujo a una controversia territorial con Brasil (que fue resulta en 1904 por un laudo) y con la actual Surinam (que sigue reclamando la región del Tigri).
El alegato guyanés ha sido preparado por el ex Secretario General de la Commonwealth, Sir Shridath Ramphal y un equipo legal de abogados y asesores internacionales pagados por la compañía petrolera ExxonMobil (la principal concesionaria en el bloque Stabroek). Entre ellos: Sir Shridath, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, y los expertos en derecho internacional Paul Reichler y Payam Akvan.
Por su parte, la corte propuso el 18 de abril como fecha para la presentación del contra alegato venezolano sobre la postura guyanesa. Hasta ahora, no se conoce si Venezuela está preparando el caso.