La corrupción ha sido un problema para los países latinoamericanos en las últimas décadas. Siempre ha sido vista con malos ojos e incluso ha sido catalogada como uno de los principales obstáculos del desarrollo económico de la región.
Un grupo de académicos afirman que la corrupción es un fenómeno que tiene que ser visto como un mal a ser combatido. No solo porque consume recursos que podrían ser destinados a sectores como la salud, la educación y la reducción de las desigualdades, sino además porque la corrupción favorece ciertos intereses privados en detrimento del colectivo.
Sin embargo, la relación entre la corrupción y el desarrollo económico no es muy clara. El economista de la Universidad de Cambridge Ha-Joon Chang, en su libro: “¿Qué fue del Buen Samaritano?”, menciona ejemplos de países considerados muy corruptos que han tenido un desarrollo económico más elevado que otros con menos corrupción y viceversa.
Desde el punto de vista teórico, el argumento central de Chang es que la corrupción genera transferencias de riqueza, pero esto no implica necesariamente estancamiento, ya que el desarrollo depende de si esas ganancias “sucias” se invierten, o no, en el país.
Precisamente este puede ser el problema que ha frenado el desarrollo económico en los países latinoamericanos. No es la corrupción, los sobornos, el nepotismo u otras prácticas que azotan a estos países sino que las riquezas obtenidas a través de estas prácticas no son reinvertidas en los países.
Estos fondos que salen de los países en desarrollo y que generalmente terminan en los países desarrollados o en paraísos fiscales, se alejan de convertirse en inversión productiva y en obras de infraestructura, que generen empleos mejores remunerados y que a su vez demanden ciudadanos mejor preparados.
América Latina es un claro ejemplo de ello, en 2012, un estudio de la organización internacional Tax Justice Network señalaba que el 61% de la riqueza privada que “descansa” en paraísos fiscales proviene de un grupo de diez países, entre los que se hallan Brasil, México, Argentina y Venezuela.
Según estimaciones propias desde el año 2000 y hasta el año 2017, la fuga de capitales en Venezuela se ha situado 228 mil millones de US$, lo que significa un promedio de 13 mil millones de US$ anuales, cifra superior a las reservas internacionales de hoy.
Cuando se midió esa riqueza en el extranjero con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) para obtener un indicador mas indicado de la gravedad del fenómeno. Se observó una salida de capitales que en el caso de Panamá fue de 139% de su PIB, en Argentina 109%, en Venezuela 103% y en Bolivia 93%. Estos países figuran entonces entre los que más han sufrido la salida de capitales en relación al tamaño de su economía.
Durante ese periodo los latinoamericanos acumularon fuera de sus países unos 2.058 millones de dólares, que representarían el 41% de la economía de la región.
En definitiva, uno de los principales obstáculos al desarrollo de los países de la región no ha sido la corrupción en sí sino la salida de capitales. Este fenómeno ha perjudicado el desarrollo de diversas formas. Por un lado, porque son fondos que, al salir del sistema financiero local, dejan de prestar a la actividad económica de allí. Por otro, porque muchas veces esos recursos salen de manera ilegal y dejan de tributar en el país de origen.