Es público y notorio que el control cambiario que se aplica en Venezuela desde 2001 es una de las causas fundamentales de las distorsiones económicas actuales. Su imposición siempre tuvo más que ver con una estrategia política que con una política económica, puesto que para garantizar la eficiencia de este tipo de medidas solo deben ser implementadas por un tiempo perentorio y para solventar situaciones coyunturales que tengan serias implicaciones en el desenvolvimiento de la economía.
Sin embargo, durante estos años de control cambiario, su permanencia ha estado supeditada a distintas modalidades donde la corrupción ha sido el elemento común: CADIVI, SIMADI, SICAD, DIPRO, DICOM, organismos gubernamentales comandados por autoridades intermitentes que entran y salen de sus funciones de gobierno groseramente enriquecidas y felizmente impunes. La fuga de capitales, una de las supuestas razones por las cuales se implementó esta medida, nunca ha parado, en quince años han salido del país US$500.000 millones de forma ilícita.
Por el contrario, el mercado negro que surgió a raíz del establecimiento del control, también continúa y se ha perfeccionado a tal punto que tiene mayor credibilidad y está incluso más tecnificado que el oficial al punto que su precio se ha convertido en un indicador para el sistema de precios y en un incentivo para la especulación cambiaría como profesión.
Las remesas: El símbolo de los inmigrantes
No es de extrañar entonces que debido al pésimo manejo de la economía el gobierno bolivariano haya dilapidado alegremente más de US$960.589 millones que ingresaron a las arcas de la nación producto de los altos precios del petróleo entre 2010 y 2014, lo que aunado a expropiaciones, el acoso al sector privado, controles de precios y la persistencia en el tipo de cambio fijo se hayan generado inusitados niveles de empobrecimiento cuyo resultado ha devenido en el éxodo de más de 5 millones de venezolanos de todos los estratos sociales en busca de oportunidades allende fronteras.
Por tal motivo, la consecuencia inmediata ha sido que quienes emigran asumen mantener económicamente a sus familiares que quedan en el país mediante el envío de dinero, que gracias a la distorsión producto del control cambiario, permite que con pocos dólares se puedan cubrir gastos fundamentales y garantizar la subsistencia.
Ahora bien, este dinero que llega desde el exterior a las familias venezolanas, no necesariamente puede ser considerado una remesa, tal y como se define taxativamente, puesto que no ingresa a los registros del Banco Central de Venezuela, sino que la transacción se realiza electrónicamente entre los interesados mediante transferencias directas, quedando el Estado fuera de la ecuación y con ello los tan necesarios dólares que la revolución precisa para sostener sus programas sociales populistas y seguir en el poder.
Es por ello que, al percatarse las autoridades de este hecho y constatar que se les hace prácticamente imposible poder cuantificar ese dinero y disponer de él, están tratando de implementar, infructuosamente, distintas medidas para convertir ese ingreso realmente en una remesa.
Las mentiras: El convenio cambiario N°1 y sus predecesores
No obstante, con los antecedentes de corrupción en los organismos creados para administrar los dólares, el 7 de septiembre el gobierno anuncia una nueva medida: el Convenio Cambiario Número 1, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.405 donde establece “un mercado con un tipo de cambio de referencia único y fluctuante” y que de inmediato plantea la interrogante: ¿Ha vuelto a Venezuela la libertad cambiaria?
Luego de analizar el documento, la respuesta indudablemente es no. En ninguna parte aparece de manera manifiesta la eliminación del control de cambio, el mecanismo evoluciona hacia otras formas pero manteniendo su esencia. Aparentemente, hay una ligera flexibilización pero el Estado sigue siendo el actor principal y controlador de las divisas lo cual es coherente con la filosofía que la revolución bolivariana ha tenido desde siempre. Sin embargo, la hiperinflación, la escasez, la caída en la producción y sus efectos han obligado a intentar simular una apertura con el objetivo de mejorar la confianza y las expectativas en los agentes económicos, confiando que habrá algunos incautos que crean y de esta manera intentar darle viabilidad a las medidas económicas anunciadas a finales de agosto.
En definitiva, el gobierno bolivariano ostenta un historial muy turbio y poco creíble en lo que respecta a la política cambiaría y nada indica que a pesar de las nuevas medidas haya alguna rectificación. Es por ello que debe quedar claro que sin la eliminación real y explícita del control cambiario no puede pensarse en crecimiento y recuperación económica.
Al final, el sobreponer la política a la economía por tanto tiempo, se está convirtiendo en un problema difícil de resolver; la fuerza del mercado, lenta pero implacable va apretando la mano que sostiene la hoz y el martillo. Y tengan la certeza que más temprano que tarde, terminarán soltándolos.