En mi artículo anterior hablé sobre cuán difícil sería para Venezuela explotar todo su potencial petrolífero: aunque consiguiéramos extraer un 25% de nuestras reservas (algo así como 2,6 millones de barriles por día, desde hoy hasta el año 2100), la tarea es cualquier cosa menos sencilla. Y, además, la permanencia del status quo lo imposibilitaría mientras no haya cambios estructurales urgentes.
Actualmente PDVSA no tiene el músculo financiero ni humano para mantener la producción y menos aún para aumentarla. De modo que la primera reforma estructural necesaria es permitir la participación protagónica del sector privado en la industria petrolera y transformar la participación del Estado en opcional, en vez de obligatoria.
En la Constitución se establece que la República es dueña de todos los recursos de hidrocarburos (Artículo 12) y que el Estado reserva para si las “actividades vinculadas al petróleo” (Artículo 302). No soy abogado, pero desde mi punto de vista creo que esto no significa que el Estado sea quien debe extraer el petróleo: este podría asignar derechos de extracción o contratar al sector privado para realizarlo, especialmente considerando que el Estado está en bancarrota.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos es menos ambigua y totalmente incompatible con la reforma aquí propuesta. El Artículo 22 establece que el Estado, sea directamente, a través de PDVSA o en joint ventures (también llamadas “empresas mixtas”) con participación accionaria del Estado superior a 50%, ejecute las actividades de extracción. Ésta es un área que requiere otra reforma, pero podría ser resuelta de manera simple: permitiendo que el sector privado o empresas mixtas con participación minoritaria del Estado extraigan y comercialicen el petróleo.
En principio, esto no debería ser un problema. Por ejemplo, las regulaciones sobre los hidrocarburos gaseosos de Venezuela son bastante razonables, un precedente válido que permite la participación privada en la producción del gas sin la participación obligatoria del Estado. ¿Por qué habría de ser diferente con el petróleo? A fin de cuentas, tanto el gas como el petróleo son hidrocarburos.
La reducción de la participación del Estado es una tendencia regional que no puede ser ignorada, sobre todo en países que son grandes productores. En México y en Brasil, por ejemplo, el gobierno de turno se dio cuenta de que forzar a su empresa estatal a ser la única operadora e inversionista en la industria del petróleo presionaba excesivamente su capacidad y capital. Los resultados inmediatos fueron falta de inversión, desarrollo ineficiente de los recursos naturales y, en última instancia, disminución de la producción y los ingresos.
México quebró el monopolio histórico de Pemex abriendo su industria y Brasil revirtió su ley de 2010 para relevar a Petrobras de su posición de operador único del pre-sal – la versión brasileña de nuestra Faja, sólo que menor, ubicada en el mar y con petróleo de mucha mejor calidad que nuestra Faja.
Las oportunidades de exploración y desarrollo son abundantes en el mundo. En otras palabras, hay más petróleo descubierto de lo que vamos a necesitar durante los próximos 30 años. En este contexto los gobiernos están abriendo camino para el sector privado, pero el capital disponible para invertir es limitado. Tocará competir para atraerlo.
¿Qué puede hacer Venezuela para ser más competitiva y atraer esa inversión?
Una reforma de la política fiscal es el otro cambio fundamental y necesario. Los impuestos a las empresas de petróleo y gas, incluyendo a PDVSA, tienen que ser competitivos para que invertir en Venezuela sea sostenible a precios bajos del petróleo. Sólo así seremos más atractivos que otros países. Es necesario brindar estabilidad para que las empresas puedan invertir a largo plazo.
No es nada del otro mundo: modelar las condiciones fiscales (impuestos sobre la renta y regalías) dependiendo del tipo de hidrocarburo y del nivel de precio, para que ofrezcan un retorno financiero justo a los inversionistas y sean atractivas en relación con nuestros competidores (México y Brasil, por sólo mencionar un par). Estas condiciones fiscales también deben tomar en consideración factores como el riesgo-país (muy alto en Venezuela) y los riesgos de la exploración (muy bajos en la Faja y más altos costa afuera).
Algunas personas podrían leer en una propuesta como ésta y pensar que propongo regalar nuestros recursos naturales. Veámoslo así: en el contexto de un Estado en bancarrota como el nuestro, más una economía basada en recursos naturales con fecha de vencimiento, es mejor que nuestra sociedad tenga un poco de algo que mucho de nada. Tenemos que ser pragmáticos.
En Venezuela es necesario implementar una reforma legislativa y ajustar nuestra política energética con urgencia para maximizar la producción de petróleo y gas. En cuanto a la reforma legislativa me da mucha esperanza saber que buenos amigos que son conocedores de la industria están pensando seria y activamente en este tema. En cuanto a una nueva política energética estaremos compartiendo una propuesta desarrollada conjuntamente con mi amigo el Abogado Carlos Bellorin.