El impacto económico de la crisis política en Honduras

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Fotografía: Orlando Sierra / AFP

Hablar de los acontecimientos políticos como fenómenos aislados de la vida económica de un país resulta irrisorio y difícil de creer. La debacle económica de un país muchas veces -o quizás siempre- está relacionada con las decisiones que se toman en el seno del poder político.

La coyuntura hondureña ya empieza a dar atisbos de que la crisis generada por las elecciones celebradas el domingo 26 de noviembre del presente año está causando un impacto negativo en la economía del país. Aunque no se cuentan con cifras oficiales, hay vasto material para darse cuenta de que la sociedad ya está pagando los altos costos de la crisis post electoral.

Para muestra un botón: las autoridades monetarias habían previsto que la economía creciera entre un 4.3% y 4.5% a finales del 2017. Sin embargo, en palabras del ministro de Finanzas del país centroamericano, Wilfredo Cerrato, ahora se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca entre un 0.1% y 0.2%. A pesar de ser una estimación, esto puede indicar y afirmar la idea con la que inició este artículo: el evento electoral más importante del sistema político llegó como ladrón en la noche a sembrar caos e incertidumbre en el aparato productivo. Asimismo, no sería una sorpresa que los indicadores macroeconómicos presenten cambios significativos conforme pasa el tiempo.

Todo se resume a un proceso complejo con fases interdependientes que agravan la situación hondureña. La incertidumbre y la falta de certeza en cuanto a los resultados electorales y la decisión autoritaria del gobierno de Juan Orlando Hernández de declarar estado de sitio, desataron un conjunto de hechos que merman y frenan el crecimiento económico. Uno de ellos fue el saqueo de varias tiendas mientras en las principales calles y avenidas del país la población salía a las calles a exigir transparencia y celeridad en el conteo de los votos. Esto tiene grandes implicaciones para las diferentes actividades económicas, ya que en primer lugar, la violación a la propiedad privada representa ausencia de orden social, en el cual no existe seguridad para poder estimular el comercio en las áreas rurales y urbanas. Por otra parte, las protestas y cierres a diversas vías de tránsito dificultan el transporte de muchos bienes de consumo que abastecen los diversos mercados del país. Lastimosamente, en este caso, el incipiente autoritarismo del actual presidente obliga a los ciudadanos a ejercer su derecho de protesta como mecanismo de vigilancia hacia un gobierno que quiere exceder sus límites. La protesta es pues, el costo de oportunidad de la sociedad, que se basa en prescindir de un crecimiento económico relativamente alto en el presente, para poder fiscalizar y renovar su sistema político ante la latente amenaza contra la democracia.

Pero hablar de bajo crecimiento económico obliga a traer a la mesa el tema de la tasa de desempleo. Ante un ambiente de zozobra e incertidumbre, la inversión privada puede disminuir debido al alto riesgo que conlleva poner a funcionar miles de unidades monetarias. Y no solo eso, también las personas que ya cuentan con un negocio propio y que emplean a varias personas, pueden verse obligadas a despedir a varios empleados debido a las pérdidas y a la poca capacidad para cubrir los costos empresariales. Durante esta crisis política, representantes del sector privado hondureño han afirmado que se han perdido alrededor de 4,000 empleos.  En situaciones como esta, la proporción de la población desempleada seguramente va a crecer si el sistema político no se estabiliza.

Y por último, la escasez de bienes de consumo ya es algo que se percibe. En tales situaciones, donde el flujo de bienes y servicios se ve afectado por factores sociales y políticos, el incremento en los precios de los distintos bienes que componen la canasta básica está a la vuelta de la esquina.  Por el momento, solo queda esperar para conocer las cifras que otorguen las autoridades económicas para conocer la tasa de inflación registrada en el mes de diciembre. Sin embargo, la inminente pérdida de poder adquisitivo puede exacerbar aún más el descontento social y seguir alimentando el complejo proceso que deteriora la economía hondureña. La tendencia alcista del nivel general de precios puede provocar una hecatombe social incrementando la aversión hacia la administración actual. Es necesario recordar lo que dice el economista guatemalteco, José Molina: “la inflación es botagobiernos”. Una vez más, la solución se encuentra en concertar y buscar soluciones eficaces al problema político.

El pasado 17 de diciembre, El Tribunal Supremo Electoral declaró como ganador al candidato y actual presidente Juan Orlando Hernández, lo cual es un balde de agua fría para la sociedad hondureña. La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció y dijo que es necesario volver a celebrar elecciones generales para poder determinar con certeza quién es el ganador de la contienda, por lo que Salvador Nasralla y Juan Orlando siguen siendo los principales actores políticos.

El futuro y la situación política del país siguen de un lado a otro en el péndulo. El descontento visita todos los hogares de las familias y las pérdidas económicas diarias son de aproximadamente 50 millones de dólares.

¿La gran lección para las sociedades latinoamericanas y del mundo entero? La estabilidad económica requiere de estabilidad política. Honduras todavía está a tiempo de no caer en el abismo. Ojalá encuentre el camino de vuelta y sus habitantes puedan construir un mejor país.

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Estudiante de Economía. Columnista de opinión y músico. Apasionado por los temas económicos y sus implicaciones en el bienestar de las personas.

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