En una reciente columna, Sergio Clavijo, presidente de Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, afirma que “mal haría Colombia en prohibir de tajo la aplicación de métodos no convencionales y menos cuando el país enfrenta bajos precios”. La pregunta aquí es si realmente le conviene al país permitir la extracción de petróleo bajo las técnicas no convencionales.
Para esto, es necesario tener en cuenta lo que nos dicta la evidencia desde varios puntos de vista. Por un lado tenemos el punto de vista fiscal, que nos dicta la “necesidad” de explorar nuevas técnicas que nos permitan llegar a una senda creciente en cuanto a extracción de petróleo se refiere. Por otro lado, tenemos el punto de vista medio ambiental. Desde este lado hay muchos detractores a las técnicas no convencionales que hablan de contaminación de acuíferos e incluso de movimientos telúricos.
En su columna, Clavijo argumenta que el precio del barril WTI es altamente sensible a cambios en la producción por técnicas no convencionales. Es decir, existe una alta elasticidad-precio, que ayudaría a mantener los precios altos, o por lo menos superiores a lo visto en los últimos años.
No obstante, la extracción por técnicas no convencionales, como el fracking, son más costosas. Ello se debe a que, de manera convencional, el petróleo sale solo. Es decir, la presión lo empuja a la superficie. Mientras que bajo técnicas no convencionales hay que sacarlo. Para ello se bombea una mezcla de agua, arena y químicos que agrietan las rocas y permiten extraer el petróleo atrapado en ellas. Para ello se ha hablado de conceder beneficios tributarios a este tipo de técnicas con el fin de mantener estable la producción en el país, e inclusive creciente hasta alcanzar el objetivo del millón de barriles diarios.
Ello no parece responsable ni desde el punto de vista fiscal, ni desde el punto de vista medio ambiental. Algo nos enseñaron estos años de vacas flacas: la altísima dependencia de los ingresos de la nación al petróleo no es sinónimo de crecimiento, y mucho menos de desarrollo.
En primer lugar, aun no hay un cálculo exacto sobre los costos del fracking. Los estudios más serios hasta el momento están hechos para la geología estadounidense, la cual es muy diferente a la geología colombiana. Segundo, el gobierno entrante debe hacer un análisis costo beneficio serio y responsable de su sanidad financiera. Esto último recordando que el saliente presidente Santos hizo varias reformas tributarias para acolchonar las finanzas de la nación luego de la caída general en los precios de los commodities del año 2014. Entonces, ¿por qué no dar fuertes incentivos tributarios a la inversión nacional y extranjera en investigación y generación de energías limpias en el país?
Por último, y no menos importante, es necesario que el Estado colombiano realice una evaluación económica (no solo financiera) de lo que implicaría a largo plazo el uso de extracción de petróleo bajo técnicas no convencionales. Esto, toda vez que Colombia es una mina de biodiversidad de flora y fauna, un país con el 70% de los páramos del mundo, y uno de los 7 países llamados por la FAO a ser despensa mundial de alimentos en los próximos años.