CITGO, en medio del juego geopolítico de Estados Unidos y Rusia

¿Qué es CITGO?

Desde 1999, las operaciones de CITGO no se habían visto afectadas a pesar de la confrontación política entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

Sin embargo, las recientes sanciones a PDVSA, impuestas el 28 de enero de 2019 por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, obligan la cancelación de futuras órdenes de compra de CITGO a PDVSA y transfieren el control de la compañía y sus activos, así como el de las cuentas bancarias del estado venezolano en territorio estadounidense, a la Asamblea Nacional; que es reconocida por el gobierno de Estados Unidos como el único órgano legítimo de gobierno en Venezuela.  

Formalmente, la Citgo Petroleum Corporation es una corporación petrolera registrada en Estados Unidos que refina, transporta y comercializa combustibles y otros productos industriales en casi el 50% del mercado estadounidense.

La compañía fue fundada en 1910 por capital privado, pero desde 1983 opera como filial de PDVSA por medio de PDV Holding Inc. Esto la convierte en la mayor filial de PDVSA y el principal activo del Estado venezolano fuera del país.  

Para 1990, cuando PDVSA se hizo con el 100% de las acciones de CITGO, la compañía llegó a contar con más de 14.000 estaciones de servicio y 8 refinerías. No obstante, actualmente su participación en el mercado estadounidense se ha reducido a no más de 5.000 estaciones de servicio y 3 refinerías que se ubican en Texas, Louisiana e Illinois.

¿Cómo está actualmente CITGO?

Un reciente reporte de la Agencia Internacional de la Energía (EIA, por sus siglas en inglés) señala que debido a las sanciones, las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos han disminuido en torno a 117.000 barriles por día. Esto compromete, sobre unos 750.000 barriles por día, casi el 85% de la capacidad de refinación de CITGO, que representan el 4 % de la producción de combustibles en Estados Unidos.

Según recientes declaraciones de Nicolás Maduro, las sanciones a PDVSA y la transferencia del control de sus cuentas bancarias a la Asamblea Nacional, suponen el bloqueo de USD $30.000 millones, y no de apenas USD $ 7.000 millones, que es lo que el Departamento del Tesoro estimó como valor total de la compañía.

Debido a la presión que suponen estas mismas sanciones, se estima que para los próximos 6 meses la producción de petróleo en Venezuela pueda caer aún más, en torno a los 700.000 barriles por día. Pues, las elevadas deudas y el limitado financiamiento a PDVSA afectarán directamente a los procesos operativos, las reparaciones y los mantenimientos en los pozos. Además, la restricción a diluyentes y otros productos necesarios para el procesamiento de crudo extra pesado elevará su costo de producción o, incluso, pudiesen imposibilitarla.

Ya que se espera que para antes de mitad de año sean suspendidos los envíos de petróleo venezolano a Estados Unidos, PDVSA ha decidido aumentar el envío a India. Esto repercute gravemente en costos y tiempo de traslado.

Aunque CITGO es considerada dentro de Estados Unidos como una corporación privada, su propiedad y decisiones gerenciales dependen enteramente del gobierno venezolano, quien adquirió esta compañía con la intención de establecer un mercado permanente para las exportaciones de PDVSA a Estados Unidos.

Paradójicamente, el gobierno de Venezuela donó, a través de CITGO, USD $ 500.000 a la investidura de Donald Trump en 2016.  

La disminución del suministro venezolano a las refinerías de CITGO obliga el cambio de proveedores para evitar la paralización de sus operaciones, forzando la compra petróleo estadounidense, que al día de hoy, ha aumentado su producción hasta casi 12 millones de barriles por día.

Ahora mismo, Estados Unidos no solo se ha convertido en el primer productor de petróleo del mundo, superando a Arabia Saudita y Rusia, sino que se convertirá posiblemente en el principal proveedor de petróleo a Venezuela.  

En agosto de 2018 un Juez Federal de Estados Unidos autorizó la incautación de CITGO y la venta en subasta de sus acciones, a menos que se emitiera un bono para poder compensar USD $ 1.200 millones a la compañía de minería de oro canadiense, Cristallex International Corporation, quien perdió sus derechos de explotación en la mina de Las Claritas por la nacionalización decretada por el gobierno venezolano en 2008. Actualmente, el juicio se mantiene en el proceso de apelaciones mientras que el incumplimiento de las deudas por default selectivo asciende a USD $ 6.000 millones.

PDVSA y el gobierno de Nicolás Maduro ha manifestado su intención de llevar a juicios internacionales al gobierno de Estados Unidos y denunciar ante el Consejo de Seguridad de la ONU una “descarada estrategia imperial para derrocar al gobierno bolivariano y arrebatarle CITGO a los venezolanos”.

¿Y Rusia?

En octubre de 2010, el gobierno venezolano había anunciado la venta de CITGO por al menos USD $ 10 mil millones, pero la operación se retrasó hasta que en enero de 2015 se confirmó la venta bonos por UDS $1.500 millones a cinco años, por el valor del 50,1% de las acciones de CITGO, en los denominados bonos “PDVSA 2020”. El resto de las acciones de la compañía, el 49,9%, se dieron como garantía a la petrolera estatal rusa Rosneft, por un préstamo de USD $1.300 millones, a plazo de tres años y medio.

Pero la crisis económica que afronta Venezuela, aunado a los casos de corrupción en PDVSA y la drástica reducción de la producción obligó al gobierno a renegociar la deuda con los acreedores rusos en noviembre de 2017 ante la imposibilidad de pago.

En ese momento, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Marco Rubio manifestaron preocupación ante la posibilidad de que Rosneft pudiese efectivamente adquirir el 49,9% de las acciones de CITGO y “poner en riesgo la seguridad energética de Estados Unidos”.

Tan solo para 2016, la deuda de Venezuela con Rusia ya alcanzaba USD $ 17.000 millones.

Dentro de las sanciones que evitan que ciudadanos y compañías estadounidenses refinancien a PDVSA, por concepto de la deuda de bonos de CITGO, créditos o prestamos, se permite que los tenedores puedan reclamar el cobro de la garantía el bono PDVSA 2020 para asegurar que, ante una eventual reclamación rusa del 49,9% restante, Rosneft no tenga la mayoría de las acciones de CITGO. Por eso es una de las prioridades de PDVSA que este bono no se declare en default.

Actualmente, Rosneft es la petrolera extranjera con mayor rendimiento de operación en Venezuela, a través de Petromonagas, Petrovictoria y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Pero luego de la renegociación de la deuda, PDVSA se ha comprometido a pagarla parcialmente con productos refinados de CITGO y con participación en tres grandes campos del estados Zulia (Rosa Mediano, Tía Juana y Lago Lagunillas) y en dos campos de gas natural costa afuera (Patao y Mejillones). Rosneft también obtuvo derechos de venta de su producción de crudo a todas las empresas conjuntas con PDVSA y de venta de condensados del campo Río Caribe.

¿Y Guaidó?

Mientras tanto, China y Rusia, principales acreedores de Venezuela y rivales geopolíticos de Estados Unidos, no reconocen la designación de presidente encargado que asumió Juan Guaidó hace unas semanas. Por si fuera poco, el pasado 14 de febrero, la Asamblea Nacional designó una Junta Directiva “durante el periodo de transición” para asumir el control de CITGO y las cuentas bancarias de la compañía.

La junta se desempeñará como un organismo supervisor de la empresa, para obtener la protección de sus activos e impedir la transferencia de sus acciones a otras compañías. De modo que esta estrategia pondría en riesgo futuras negociaciones de China y Rusia con CITGO.

De inmediato, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó el inicio de una investigación contra los “nuevos directivos”, confiscación de sus bienes y privativa de salida del país. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró nula la designación de los directivos.

Las presiones internacionales seguirán arremetiendo sobre PDVSA y el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora China, que se convertirá en el principal socio comercial de Venezuela en las próximas semanas, ha mantenido su tradicional diplomacia de “no comentarios”. El escenario geopolítico vaticina una inevitable confrontación, tal vez, en el mismísimo seno del Consejo de Seguridad de la ONU.


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