El gobierno catalán ha vuelto a la carga por la independencia. Independentismo sostenido en pactos parlamentarios, pero sin una masa social abrumadora. Si bien el gobierno catalán ha estado liderado por el partido independentista Convergencia y Unión –con la excepción de un hiato socialista entre 2003 y 2010– desde la transición democrática en España, éste no ha contado con mayoría absoluta desde 1992, antepenúltima legislatura del ahora investigado por corrupción, Jordi Pujol. Desde entonces ha necesitado de pactos parlamentarios con diversos partidos políticos para formar gobierno. Pactos que han incluido partidos no independentistas, como el Partido Popular (PP), o partidos de izquierda, como Izquierda Republicana (ERC). Precisamente, la necesidad de pactos para establecer un movimiento independentista robusto ha desembocado en la creación de la plataforma de Junts pel SÍ (Juntos por el SÍ). Sin embargo, y a pesar de la unión de los grupos políticos independentistas, les fue imposible formar un gobierno parlamentario sin la ayuda de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), partido de izquierda radical anti europeísta y anti capitalista.

Tras dos primeras “consultas” en 2009 y 2014, la última denominada como tal ante la negativa del Tribunal Constitucional de admitirla, se presentó esta nueva iniciativa, a priori más agresiva y determinada que las anteriores. El nuevo desafío independentista se desarrolla en medio de un mar de dudas, que parten desde el propio reconocimiento internacional de un estado catalán hasta la inclusión de éste en la unión monetaria europea.

El escenario económico actual. pese a indicar síntomas de recuperación, muestra ciertas señales de fragilidad que podrían afectar tanto a Cataluña como a España. Tanto la región como el país han mostrado un incremento notable en la razón deuda-PIB desde el estallido de la crisis económica de 2008 –se ha triplicado en el caso catalán y duplicado en el caso español–. En cuanto al PIB, la recuperación tomó lugar luego del 2013, la tasa de crecimiento anual del PIB muestra que Cataluña progresa a un mayor ritmo que el agregado de la economía española. El desempleo, por su parte, se ha reducido ligeramente –perdiendo cerca de 5 puntos porcentuales, en ambos casos–. Aun cuando en Cataluña la situación parece que ha tenido una evolución un poco más favorable, se encuentra lejos de los niveles pre-crisis, escenario similar al español.

Ahora bien, el camino hacia la independencia ofrece dos caminos “pacíficos”, un camino unilateral y otro pactado con el gobierno español. A continuación, se presentan ambos.

Independencia unilateral

Tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, el cuál mostró un 90% de los votos a favor de la independencia, se llevó a cabo la “declaración unilateral de independencia” (DUI), realizada, y suspendida de forma inmediata, el pasado 10 de octubre por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Sin embargo, la baja participación (43%), la falta de reconocimiento internacional y la ausencia de supervisión sobre el proceso han provocado interrogantes sobre la validez del mismo.

A partir de la DUI alrededor de 2.000 empresas han salido de Cataluña, se ha acrecentado la división dentro de la población y se realizó un ultimátum por parte del gobierno español hacia el Govern. El 21 de octubre, tras una respuesta ambigua por parte de Puigdemont al ultimátum, el gobierno español decidió aplicar el artículo 155 de la constitución española –que suspende la autonomía del gobierno catalán–. Así, el 27 de octubre el parlamento catalán aprobó la DUI y, casi de forma inmediata, el senado español destituyó a las principales autoridades del gobierno catalán y convocó elecciones autonómicas para diciembre. Por lo tanto, en caso de que el estado español no sea capaz de ejercer control institucional sobre Cataluña, se allanaría el camino hacia una independencia de facto en territorio catalán.

Bajo este camino, el hecho de que la DUI no haya encontrado apoyo en ningún estado europeo, la prosperidad de la República Catalana es, al menos, improbable. Se debe tener en cuenta que el principal socio comercial de Cataluña es España –alrededor del 40% de las exportaciones totales catalanas van hacia otras comunidades autónomas– y, a su vez, el 70% de las exportaciones encuentran destino dentro de la UE. Considerando que las exportaciones representan un 30% del PIB catalán, una desconexión con el espacio europeo perjudica de forma determinante el ingreso en la naciente República.

Por otro lado, si bien el PIB catalán representa alrededor del 20% del producto español, la deuda es uno de los mayores obstáculos en el futuro de la República. En la actualidad, la deuda catalana representa un 35% del PIB, sin embargo, el peso de la economía catalana sobre la española le otorgaría una quinta parte de la deuda actual del estado español –de acuerdo a nuestros cálculos, la deuda representaría alrededor del 130% del PIB–. Si bien, existe la posibilidad de negociar con España, un no reconocimiento de la deuda disminuiría el acceso de Cataluña al mercado del crédito internacional.

En adición, Cataluña es contribuyente neto en los presupuestos del Estado –aporta más ingresos que la cantidad de gasto público que recibe, oscilan los 9.000 millones de euros, un 5% del PIB catalán–. A pesar de lo anterior, una Cataluña independiente, tendría que afrontar el costo del llamado “Estado del Bienestar”. Viendo únicamente el sistema de pensiones se refleja que en el pasado año Cataluña tuvo un déficit de 5.000 millones de euros en la seguridad social. Considerando que el sistema de pensiones español funciona por medio de contribuciones directas, implicando que el contribuyente actual sostiene a los beneficiarios actuales, el cambio de sede social de las empresas catalanas no sólo afecta la recaudación de impuestos, sino que a mediano plazo puede resultar perjudicial sobre el nivel de empleo y la estabilidad del sistema de bienestar.

Lo descrito, junto a los elementos implícitos en la constitución de un nuevo Estado, colocan esta alternativa sobre cimientos de extrema fragilidad. La vehemencia que expresan los principales representantes del independentismo sobre la permanencia en la UE, con la excepción de la CUP, hacen sospechar del riesgo que enfrenta una Cataluña fuera de la UE, y de España, al menos bajo la forma de una DUI.

Independencia pactada

Aun cuando sea una probabilidad mínima, Cataluña podría lograr una independencia pactada con el Estado Español. Partiendo de esto, la Generalitat de Cataluña ha preparado un manual titulado “Las vías de integración de Catalunya en la Unión Europea” en donde señalan los escenarios hipotéticos bajo los cuales se les permitirá seguir perteneciendo a la UE. Cataluña buscaría aferrarse de la “solución chipriota invertida», bajo la cual por ser un Estado independiente reconocido de un país que pertenece a la Unión Europea, gozarían de los mismos derechos y tendrían la puerta abierta para formar parte de la misma.

Las posibilidades de esta opción se esfumaron con las declaraciones de la Comisión Europea, el actual Presidente del Consejo Europeo y algún alto funcionario del Parlamento Europeo, los cuales han manifestado que los tratados europeos dejarían automáticamente de aplicarse en el territorio de un nuevo Estado. Se sugiere que, en el caso de una separación, este nuevo Estado –si quisiera integrarse en la UE–, debería pedir su adhesión a la UE y seguir el procedimiento tradicional.

Por otro lado, si la UE rechaza iniciar el proceso de adhesión, lo cual es probable dado que España hasta los momentos no muestra mínima disposición en reconocer la independencia, la Generalitat afirma que:

¿Cataluña independiente fuera de la UE?

En este caso, Cataluña necesitaría añadirse a la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA en inglés) y, eventualmente, al EEE (Espacio Económico Europeo), así como formar parte del espacio Schengen. Además, debería establecer acuerdos de libre comercio o la creación de uniones aduaneras con los estados. Estas diversas opciones no son incompatibles entre sí, por ejemplo, se podrían firmar acuerdos bilaterales con la UE y también, al mismo tiempo, con estados que no estén integrados en esta organización, o hacer simultáneas la pertenencia a la EFTA y al espacio Schengen.

Por otro lado, según Thorfinnur Omarsson, Cataluña necesitaría la aprobación de los 28 Estados miembros de la UE y los tres estados de la EFTA en el EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) para pertenecer a estas organizaciones.

Los eurocomisarios, Olli Rehn y Simon O’Connor, señalan que el acceso a la Eurozona es posible, ya que, existen dos grupos de territorios que no son estados miembros pero que utilizan el euro. Por un lado, Mónaco, Ciudad del Vaticano, San Marino y Andorra, y por la otra, Kosovo y Montenegro.

Propuesta

La propuesta ofrecida, en el presente artículo, es la de un referéndum pactado entre las partes. Sin embargo, y divergiendo de casos como el “Brexit”, se sugiere que las condiciones de una posible independencia sean delimitadas antes del proceso.

Los principales aspectos que debería contener el mismo, son los siguientes:

En primer lugar, establecer de forma explícita la condición de Cataluña, como estado independiente, en caso de que gane la fuerza independentista. Fundamentalmente, considerar, la probable, salida de la UE. Así mismo, expresar la factibilidad de una futura adhesión a la UE, y las condiciones para el uso de la moneda común.

De igual forma, es necesario delimitar las alternativas, a una salida de la UE, como la adhesión a la EFTA , el EEE y las futuras relaciones comerciales con España –alrededor de dos tercios de las exportaciones catalanas encuentran destino en la UE, España incluida–. Por otro lado, se debe esclarecer los escenarios que involucran los derechos de libre tránsito, condición legal de ciudadanos españoles, y europeos, en general bajo una república catalana. Por último, se deben esclarecer las obligaciones como el reconocimiento y pago de deuda al estado español.

Aunque lo anterior pueda parecer una extorsión política, es válido mirar los dos últimos procesos similares en Europa. En 2014, Escocia votó por permanecer dentro del Reino Unido, ya que ello les permitía continuar dentro de la UE. En dicho proceso no existieron dudas en torno a una futura independencia, temas como el abandono de la monarquía, la libra y la UE se zanjaron antes de tomar la decisión. Paradójicamente, dos años después, el Reino Unido optó por abandonar la UE, en un referéndum con condiciones claras, más allá de las dificultades en las futuras negociaciones con la UE.

Especificar la situación en la que Cataluña se encontrará el día después de la independencia, luego de un referéndum pactado, juega solo en contra de los independentistas más radicales. El discurso independentista se ha basado en una mayor prosperidad fuera de España, fundamentado en el sonado “España nos roba”, así como las continuas promesas de los principales líderes de que una potencial DUI sería reconocida, y celebrada, y que no pondría en riesgo bajo ningún aspecto su pertenencia a la UE.

En conclusión, el fervor producido por las ilusiones políticas tiene un efecto directo en los resultados económicos, y la calidad de vida de la sociedad en la cual se desarrollan, y el caso de Cataluña no dejará de ser un ejemplo de ello. Pese a que la situación se ha encauzado hacia un escenario complicado, y potencialmente irreversible, es necesario que las decisiones se tomen minimizando pérdidas.

La idea del referéndum pactado, ofrecido como solución en el presente artículo, se perfila como la opción con un menor impacto negativo sobre el escenario hispano-catalán. Un referéndum, con garantías y condiciones establecidas, aliviaría las tensiones entre España y Cataluña, y dentro de la misma sociedad catalana.

Sin embargo, el referéndum no es una opción gratuita, ya que conlleva un coste tanto para España como para la UE. En primer lugar, una victoria independentista colocaría a una nueva República, reconocida, en una situación de elevada inestabilidad. En segundo lugar, independientemente del resultado de las elecciones, los incentivos creados por el referéndum podrían llevar al resto de comunidades autónomas, y varias zonas de otros países europeos, a exigir un trato similar, colocando la integridad de la UE en duda.