Cualquiera que vea la mediática gubernamental sobre la eficiencia de la Administración Tributaria en cuanto al cumplimiento de las metas de recaudación asignadas podría pensar que ese resultado es hasta verdadero. Mensualmente se lanzan con bombos y platillos mensajes de autofelicitación por haber alcanzado y superado con creces la meta asignada en cifras superiores al 150%, un número que por demás crea suspicacia en estos tiempos de “guerra económica”.

Ahora bien, si esto fuese un resultado real, ¿Cómo se explica que en el país haya un desabastecimiento en alimentos y medicinas superior al 80%? ¿Se justifican los altísimos niveles de endeudamiento?  ¿Es necesario hipotecar el futuro del país regalando los bonos? Todo esto sin contar con el deterioro de la infraestructura pública de todo el territorio: escuelas destruidas, hospitales sin insumos, universidades quebradas, carreteras intransitables, altos niveles de mendicidad, personas comiendo de la basura y un largo etcétera.

Entonces, algo huele mal y no es precisamente en Dinamarca. La respuesta está, en primer lugar, en celebrar (por ignorancia o con premeditación, vamos a dejarles el beneficio de la duda) resultados en valores nominales y negarse a aceptar la realidad que las cifras distan mucho en acercarse al cumplimiento de las metas de recaudación asignadas, en resumen no se está recaudando ni de cerca en los niveles que se celebran. En segundo lugar, la estructura tributaria venezolana siempre ha estado influenciada de manera directa por los ingresos provenientes del petróleo. Esto ha incidido de manera importante en que la Administración Tributaria en todos sus niveles (municipal, estatal y nacional) sea bastante laxa a la hora de implementar estrategias recaudatorias eficientes. La recaudación de origen no petrolero pasa a ser un complemento no tan importante en la ejecución presupuestaria, aunque si fundamental para otros gastos más discrecionales.

De igual forma, desde hace mucho tiempo se tiene una estructura tributaria completamente distorsionada, el hecho más distintivo ha sido la preponderancia que tiene y ha tenido en ella el Impuesto Al Valor Agregado (IVA); un impuesto indirecto sustentado fundamentalmente en el consumo; siendo la tendencia de la recaudación del mismo prácticamente igual a la de la recaudación total con un aporte promedio en los últimos diez años cercano al 60%. Al final, la recaudación proveniente del IVA cubre con creces lo no recaudado por el resto de los tributos en función de las metas asignadas de acuerdo al presupuesto nacional.

Al mismo tiempo, la contribución del Impuesto Sobre La Renta, llamado entre los tributaristas “El Justiciero” (por su esencia básica de pechar en mayor magnitud al que más gana), en la estructura tributaria venezolana alcanza un tímido 30% de aporte promedio a la recaudación total en los últimos diez años, debido posiblemente a la creciente informalidad de la economía, la elusión generada por los vacíos legales en la norma, incluso, hasta por evasión. El resto de los tributos nacionales suman en conjunto apenas un 10%.

Por otra parte, y de acuerdo a cifras de la OCDE, los países desarrollados tienen una estructura tributaria sustentada en el ISLR y no en el IVA, justamente lo contrario que tenemos en Venezuela, donde la progresividad del tributo es dejada de lado frente la regresividad del consumo. Es decir, esta distorsión hace que la Administración Tributaria sea pasiva y se generen espacios en los cuales haya preminencia por un enfoque ciertamente menos técnico y más político-ideológico. ¿La razón? La recaudación basada en el cumplimiento voluntario y la autoliquidación, tal y como lo establece el Código Orgánico Tributario venezolano, aunado a la implementación de las Retenciones del IVA a partir del año 2003, han mermado sustancialmente la eficiencia de la fuerza fiscalizadora, puesto que la recaudación se genera “sola” basada fundamentalmente en el IVA y el riesgo subjetivo.

En tercer lugar, la inflación ha sido la gran aliada a la hora de alcanzar las cifras con un sobrecumplimiento exorbitante, puesto que si la recaudación está directamente influenciada por el comportamiento del IVA, cuando se presentan incrementos sustanciales y sostenidos en los precios de los bienes y servicios, implica un aumento en la recaudación por este concepto de manera automática debido a la naturaleza propia del tributo.

Por suerte o por desgracia, esta situación que se había mantenido en Venezuela hasta el año 2015, lentamente el paraíso de la avalancha de dinero fue mermando producto de la caída de los precios del petróleo y la recesión económica de la que parece no haber salida en el corto plazo. Ya a partir de esta fecha, esta correlación cambia y es evidente que cada vez se recauda menos en términos reales y es algo que resulta lógico, vista la contracción en la oferta de bienes y servicios producto del cierre de empresas y la aceleración del proceso inflacionario que deteriora la capacidad de compra de la población, lo cual disminuye lo recaudado por concepto de IVA y con ello la recaudación total.

Pero lo más peligroso de esta situación es que la contracción en lo recaudado en términos reales, ha llevado al gobierno a la irresponsabilidad de imprimir dinero inorgánico para compensar el diferencial, en vez de optimizar los procesos recaudatorios, lo que sin lugar a dudas traerá más inflación y con ello la profundización del deterioro de la calidad de vida de todos los ciudadanos. La autofelicitación es una farsa.

Entonces vemos que ciertamente, la distorsión de la estructura tributaria venezolana ha comenzado a pasar la factura, eso sí con IVA, porque sin IVA, no hay paraíso.