A pesar que en las últimas dos décadas las relaciones políticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela han sido pésimas, las relaciones comerciales basadas en el constante suministro de petróleo venezolano a las refinerías estadounidenses no se habían visto afectadas; hasta ahora. Pues, según el reporte semanal de la U.S Energy Information Administration (EIA), por primera vez en su historia petrolera, Venezuela no importó crudo a Estados Unidos.
Tan sólo un mes antes de la definitiva cancelación de las importaciones, Venezuela había enviado más de 500 mil barriles diarios (b/d), y mantuvo ese «promedio» durante todo 2018. Sin embargo las variaciones en ese mismo período, que registraron cifras tan bajas como 174 mil b/d en febrero o tan altas como 734 mil b/d en julio, constataron la incapacidad de PDVSA para mantener la estabilidad en la producción.
No obstante, en 2018 Venezuela fue el tercer mayor proveedor de petróleo crudo a los Estados Unidos, con una participación de entre el 7 y 9 % de la oferta, por detrás de Canadá y Arabia Saudita.
Estados Unidos vuelve al primer lugar de producción mundial
Entre los factores que explican la liquidación de las relaciones petroleras entre ambos países, se destaca el hecho de que Estados Unidos se ha convertido en principal productor mundial de petróleo, superando los 12 millones b/d. La mayor parte de esta producción ha sido reimpulsada a través del “fracking” en las cuencas de la Costa del Golfo, Texas, Nuevo México, Dakota del Norte y Montana.
Solamente en 2018, su producción de crudo de esquisto alcanzó los 1,6 millones de b/d, superando al producción promedio de Venezuela, que ha venido mermando en torno a 1,2 millones de b/d.
Para inicios de 2019 cerca del 90% del crudo importado por Estados Unidos fue pesado. Pero en términos porcentuales, para finales de 2018, Venezuela tan sólo suministró 2,8% del petróleo consumido por las refinerías estadounidenses, unos 563 mil b/d. Esta cifra representa cerca del 20% del consumo de las refinerías que procesan crudo pesado en ese país. El resto del crudo es normalmente suministrado por Canadá, México, Irak y Arabia Saudita (en menor medida por Colombia, Ecuador, Rusia, Brasil y Nigeria).
Como mínimo, una veintena de refinerías de la Costa del Golfo necesitan alrededor de 3,1 millones de b/d de crudo pesado, del cual poco más del 40% es actualmente suministrado por Canadá. Por eso es muy probable que las refinerías estadounidenses reemplacen el crudo venezolano por el canadiense; más caro, entre otras cosas, porque se transporta a través de una compleja red de trenes, barcos y camiones.
Pero debido a los retrasos en la construcción del oleoducto Keystone XL (que transportaría al menos 830 mil b/d desde la provincia canadiense de Alberta a las refinerías estadounidenses) es probable que el costo del diesel, de la calefacción y del transporte de mercancías dentro de Estados Unidos aumente para finales de año.
Phillips 66, Valero Energy y Chevron serían algunas de las empresas más afectadas; además de CITGO, que es la principal refinadora extranjera en Estados Unidos, la sexta más importante en capacidad de refinación y una importante comercializadora de gasolina con alrededor de 5000 estaciones de servicio. Por eso se espera que los precios en algunos productos refinados aumenten, a menos que la situación en Venezuela cambie drásticamente…
Las sanciones a PDVSA
Pero no sólo el aumento de la producción petrolera en Estados Unidos explica el cese de los envíos desde Venezuela sino, fundamentalmente, la decisión política de estrangular las operaciones y comercialización de PDVSA. Muchos analistas se refieren a un «embargo operativo y financiero».
Sin lugar a dudas, las recientes sanciones del Departamento del Tesoro a la industria petrolera venezolana son el principal factor en la cancelación de los envíos a Estados Unidos. Las sanciones se anunciaron el 28 de enero, cinco días después de la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.
De inmediato, Nicolás Maduro ordenaría el cierre definitivo de la embajada estadounidense en Caracas y de todos los consulados venezolanos en Estados Unidos. Esto significó la ruptura irreversible de las relaciones diplomáticas entre ambos países; que efectivamente se concretó el 13 de marzo, en medio de la restitución del servicio eléctrico luego del apagón que afectó a todo el país por casi una semana.
La respuesta de Estados Unidos ante retiro de su personal diplomático de Venezuela fue la inmediata suspensión de las compras de crudo a PDVSA (aunque ya esta orden había sido anunciada en enero para cumplirse progresivamente a partir de abril).
Maduro atribuyó el apagón a un presunto sabotaje cibernético dirigido desde Houston y Chicago, por orden del Departamento de Defensa y el Comando Sur. Igualmente acusó a Marco Rubio, John Bolton y Mike Pence de dirigir una “operación tenaza” y “ataques terroristas” para dar un golpe de Estado en Venezuela, involucrando a más de 50 países que han reconocido a Guaidó como legitimo presidente de Venezuela.
Las sanciones del 28 de enero obligan la cancelación de futuras órdenes de compra de CITGO a PDVSA y transfieren el control de la compañía y sus activos a la Asamblea Nacional. Asimismo, retrasan los envíos de crudo a otros clientes, incrementan los costes de transporte, sancionan a terceros que se involucren en la comercialización del petróleo venezolano e impiden a PDVSA usar el dólar estadounidense en sus transacciones.
Pero estas no son las únicas sanciones. En 2018, luego de que el CNE proclamara la reelección de Maduro, el gobierno estadounidense sancionó a CITGO con la congelación de sus cuentas y prohibió la participación de varios funcionarios del gobierno venezolano en cualquier venta o transferencia de activos con instituciones o socios comerciales de Estados Unidos. A partir de entonces, se restringió el acceso de PDVSA a los mercados de bonos financieros, afectando su capacidad de endeudamiento y financiamiento externo, necesarios para al menos evitar la caída de la producción y sostener las labores de mantenimiento.
He aquí unos de los mayores retos para PDVSA. Conseguir nuevos compradores de petróleo venezolano no será tan fácil, más aún cuando la mayor parte de la producción de crudo proviene de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Este tipo de crudo, pesado y ácido, no es refinado internacionalmente sino por un puñado de complejas refinerías instaladas principalmente en Estados Unidos, China e India. Por eso, la estrategia más razonable para PDVSA sería tratar, mezclar y diluir el crudo pesado con otros más livianos y así obtener un producto más comercializable. Esto, evidentemente, eleva los costos de producción y el margen de ganancia final.
Sin embargo, más allá del efecto de las sanciones, que indiscutiblemente perjudica a la economía venezolana, la situación operativa de PDVSA también se ha visto afectada por los casos de corrupción e ineficiencia en la alta gerencia «rojo, rojita». Esto ha derivado en una estrepitosa disminución de la producción, a menos de un tercio de la capacidad instalada, coincidiendo con la baja de los precios internacionales del crudo. En parte, esto explica la caída de más del 50% del PBI en 5 años y que casi 90% de la población se encuentre en situación de pobreza.
Casos de corrupción e ineficiencia en PDVSA
El mismo gobierno de Maduro ha reconocido su responsabilidad en el desfalco de PDVSA y declaró orden de captura en la INTERPOL, sobre más de 120 gerentes y los 3 últimos presidentes, por daño patrimonial que excede USD $ 15 mil millones, según las primeras estimaciones. Según el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, más de 42 mil contratos fueron negociados con sobreprecio durante una década.
Por su parte, el Director de Investigación Aplicada del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Miguel Ángel Santos, señaló que la economía venezolana debería obtener un préstamo por USD $ 70 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir la reactivación de PDVSA y otras compañías. Además, el economista Ricardo Hausmann, recientemente designado como representante de Venezuela por la Asamblea Nacional ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima en más de USD $ 150 mil millones la deuda pública venezolana. Ante este panorama, Venezuela tendría que destinar al menos seis años de exportaciones petroleras para cancelar sus deudas.
Atrás quedó la Venezuela que en 1998 produjo alrededor de 3,4 millones b/d, casi el 5 % del total global, ubicándose como el séptimo productor mundial.
Ahora, a pesar de inmensas inversiones chinas en la industria, por más de USD $ 65 mil millones, para 2017 la producción se redujo a 2,1 millones b/d. Pero la situación empeoró aún más en 2018, cuando se registró desde septiembre un promedio de 1,2 millones b/d. Esto permitió a otros productores y socios de la OPEP (sobre todo a México) aumentar su participación en el mercado estadounidense desplazando a Venezuela.
Es cierto que el empeoramiento del desempeño de la economía venezolana no sólo depende de la reducción en la producción petrolera, sino esencialmente, de los problemas estructurales en la economía rentística y al modelo político clientelar implantando por el chavismo en todas las instituciones y empresas del Estado. Por eso, la inversión privada prácticamente no existe en Venezuela; porque la corrupción, la ineficacia y credibilidad del gobierno, la inseguridad jurídica y el crimen no lo permiten.
¿Pero hasta qué punto podemos confiar en los indicadores internacionales?
Veamos; en 2018 Venezuela fue ubicada en el puesto 188 de 190 países según el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Asimismo, el índice de riesgo país EMBI (del banco estadounidense JP Morgan) dio a Venezuela el puntaje más alto del mundo: 2640; y según Bloomberg, Venezuela encabeza la lista de los “países más miserables del mundo en 2018”, con 1872,0 puntos.
Entonces según estos indicadores, en países como Somalia, Guyana, Chad, Sudán, Congo (R.D), Haití, Zimbabue, Afganistán, Siria, Irak, Costa de Marfil, Sierra Leona, e incluso, Corea del Norte, es más fácil hacer negocios que en Venezuela ¿ Será verdad esto?
El gobierno de Maduro rechaza esas «falsas informaciones» y afirma que hay una campaña de descrédito hacia Venezuela y PDVSA, con el objetivo de dañar la industria petrolera y la economía nacional, provocando una crisis humanitaria que justifique una intervención militar. El chavismo sostiene que muchos problemas en Venezuela son inducidos por sus enemigos. La emigración, apagones, desabastecimiento, falta de efectivo, crisis de transporte, entre otros, serían parte de la “guerra económica” emprendida por Estados Unidos a través de las sanciones.
Por otro lado tenemos que el gobierno estadounidense ha reconocido su injerencia en el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de 2003. Incluso, el ex vicepresidente Dick Cheney (2001 -2009) ha sido acusado de usar su influencia en el gobierno de George W. Bush para beneficiar a compañías petroleras estadounidenses en Irak, luego de la invasión en la que se depuso a Saddam Husein con el pretexto de que su régimen colaboraba con Al Qaeda y desarrollaba armas de destrucción masiva.
De igual manera, la petrolera estadounidense ExxonMobil se ha visto implicada en varios golpes de Estados y conflictos armados. Más recientemente, desde 2015 ha emprendido una campaña exploratoria en la fachada atlántica adyacente a la Zona en Reclamación (Guayana Esequiba) donde persiste una controversia territorial entre Venezuela y Guyana.
Más allá de teorías conspirativas, es incuestionable que Venezuela se destaca entre los países productores de petróleo por sus contradicciones. Aunque posee las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, no cuenta con las capacidades operativas y financieras para desarrollar su potencial. Ni siquiera está, ahora mismo, entre los 10 principales productores del mundo y es probable que su desempeño empeore. Contrariamente a su vasta experiencia como protagonista de la industria petrolera mundial, habiendo sido un actor clave en la OPEP, hoy no cuenta relevancia internacional. Más bien se ha convertido en un ejemplo de mala administración de los recursos y corrupción.
Grandes desafíos para la PDVSA de Maduro
Las sanciones estadounidenses no sólo interrumpen las exportaciones de petróleo sino que también prohíben las importaciones de nafta y otros diluyentes necesarios para la extracción de crudo pesado. La escasez de diluyentes puede acelerar la caída en la producción; por supuesto, esto es bien sabido por el gobierno de Estados Unidos. De allí que resulten sospechosas algunas declaraciones…
Según Elliott Abrams, emisario especial del gobierno estadounidense ante la Asamblea Nacional, Estados Unidos espera que PDVSA produzca menos de un millón de b/d en menos de 2 meses. Además, a mediados de febrero el grupo consultor Rystad Energy había pronosticado que PDVSA se quedaría sin diluyentes en marzo. Esto, según la consultora, producirá la disminución en la producción de 340 mil b/d en 2019. El mismo grupo, además prevé que para 2020, la producción petrolera venezolana se reduzca en torno a los 890 mil b/d.
Ante estas previsiones, tenemos que el mismo día que el personal diplomático estadounidense abandonó el país, se reportó un incendio en tres tanques de almacenamiento de diluyente donde resultaron quemados 250 mil barriles. Fue afectada la empresa mixta Petro San Félix, la única 100% venezolana, de las que opera uno de los cuatro mejoradores instalados para procesar hasta 650 mil b/d de crudo pesado. Los otros tres mejoradores están a cargo de Chevron (Petropiar), Rosneft (Petromonagas), Total y Equinor (Petrocedeño).
Un mes antes, otro incendio afectó la sala de bomba de la estación “Ero”, comprometiendo el transporte de 300 mil b/d hacia los mejoradores.
El origen de los incendios parece «incierto», aunque algunos acusan a la ineficiencia de los trabajadores petroleros, mientras que Manuel Quevedo, ministro de petróleo y presidente de PDVSA insiste que la compañía está siendo saboteada estratégicamente. Él mismo informó, a mediados de 2018 en una reunión de la OPEP, que PDVSA planeaba reactivar al menos 9.500 pozos en la FPO para aumentar en 700 mil b/d la producción de crudo pesado; además, de otros 13.445 pozos en el occidente del país para agregar otros 655 mil b/d y alcanzar los 3 millones de b/d en 2020.
Sin embargo, estos esfuerzos parecen inalcanzables y seguramente serán truncados por el embargo estadounidense. Ya lo manifestó así el ex embajador estadounidense William Brownfield a finales del año pasado: Una resolución para Venezuela sería “acelerar el colapso”.