La libertad económica en Venezuela

En este contexto, el Estado tiene que estar al servicio de los seres humanos y no los ciudadanos oprimidos por el Estado. Por ello la economía debe ser organizada como un sistema de libertades, sociales e individuales, basada en el respeto a la propiedad privada, que debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano intangible.

Dado que, La Constitución le impone muchas atribuciones al Estado Venezolano, esto puede convertirse en una carga que debe llevar el estado sobre sus hombros o incluso arrastrarla en el peor de los casos. De igual forma en la constitución el espíritu del constituyente no fue crear un estado competitivo e incluso superior al sector privado, por lo contrario a sabiendas de todo lo anterior, este busca avanzar en el desarrollo productivo y económico del país de la mano del sector privado, históricamente no existe un país autosuficiente que se sostenga solo con su propio músculo económico para satisfacer las necesidades de la colectividad a través de los servicios públicos, ya que puede llegar un punto donde el aparato productivo interno del estado colapse por la saturación del mismo, en razón de la monopolización y estricta limitación a las libertades económicas de iniciativa privada.

Por ende, es muy importante la iniciativa privada para toda nación, de igual forma es muy importante la intervención del estado para regular su funcionamiento, dictar las estrategias económicas y en general las políticas económicas del país en beneficio del bienestar social, puesto que sin reglas y normas que establezcan los parámetros y límites del ejercicio del derecho, es muy factible que las personas se extralimiten en el ejercicio del mismo causando agravios a terceras personas y hasta al mismo estado, siendo esto prácticas desleales e ilegales. Como por ejemplo de esas extralimitaciones de los particulares se presencian los denominados ilícitos económicos, tales como la especulación, la usura y el acaparamiento, establecidos en la legislación venezolana.

Debate Constituyente de 1999 sobre las libertades económicas

Por cuanto, si se revisa el diario de debates de la Asamblea Nacional Constituyente, en sesión ordinaria de fecha 31 de Octubre de 1999, los constituyentes debatían sobre la redacción del artículo 112 (principio constitucional que establece las libertades económicas), la gran mayoría de los parlamentarios veía con visto bueno que el estado fuera un ente regulador de los procesos económicos, ajeno a la imposición de actividades económicas; avizoraban un estado observador y netamente organizador del sistema económico, pero esa era la idea del constituyente, mas no así de Poder Ejecutivo y su tren ministerial que desvirtuó dicho postulado constitucional con la aplicación de políticas económicas opresoras al sistema y a los ciudadanos.

Al mismo tiempo, en el debate se llegó a plantear la incorporación de que el Estado no solo incentivara la iniciativa privada, sino que además incentivara la “exportación” producto del desarrollo del sistema socioeconómico, si bien la propuesta fue rechazada, ello estuvo estimulado por ser producto de una propuesta de un político adverso a la mayoría. Quizás se fue muy egoísta al pensar de esa forma, pero el tiempo le dio la razón a su proponente, puesto que el Ejecutivo Nacional de igual forma a los constituyentes, no vieron la proyección de un estado exportador de diversos bienes y servicios que abonarían el sistema económico interno. Ello sirvió que en yuxtaposición se fomentara la importación para satisfacer la demanda interna, generando una depresión económica en el aparato productivo interno puesto, que no era rentable producir, en consideración a la estructura de costos producto de la importación, parte de esto ha sido causante la situación de inestabilidad económica que afronta el país desde el 2012 llegando a su clímax en el 2015 hasta la actualidad.

Estímulo de la iniciativa privada y garantías que ofrece el estado

En este sentido, el Estado tiene la obligación de promover la iniciativa privada, es decir que no es una potestad que puede adoptar o no el estado como desarrollo de su política de gobierno, por el contrario es imperativa la constitución que el Estado fomente la iniciativa privada para su desarrollo en pro de la ciudadanía y el respeto al estado de derecho que se adopta como modelo de estado. Sin embargo, que en la realidad esto sea corrompido y enfocado desde otra perspectiva, ello trae como consecuencia una serie de resultamos anómalos en el sistema económico, verbigracia como una persona que solo tenga un brazo (iniciativa del estado) y  desarrolle sus actividades cotidianas solo con él, no cabe duda que lo puede hacer, pero no podrá permanecer mucho tiempo con el mismo ritmo y habitualidad que necesita para poder desarrollarse como persona y hasta puede estancarse en realizar solo determinadas tareas por la ausencia del otro brazo (iniciativa privada), así pues es como funciona el régimen socioeconómico en cualquier Estado.

Ahora bien, como parte de esa iniciativa privada que debe fomentar el estado, el mismo debe ofrecer garantías a los particulares para que desarrollen sus actividades económicas que gusten, tales como garantizar la creación y justa distribución de la riqueza, esto constituye la obtención de ganancias dentro del margen del equilibrio económico y proporcional, sin interpretarse como un medio evasivo para cometer ilícitos económicos; así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, ello es en función de brindar oportunidades de elaborar productos dentro del territorio nacional para abastecer la demanda interna; La libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, esto muy inherente a la autonomía de los particulares de escoger la actividad económica de su preferencia con el fin de trabajar y generar puestos de trabajo al mismo tiempo que desarrollo y ejecuta actos de comercio formando parte de la cadena productiva del sistema económico del Estado.

Límites y facultades del Estado

Aun cuando, es el estado quien invita a los particulares a invertir y crear fuentes de riqueza, producción y trabajo, no puede dejar que la situación sea controlada por ellos y se le escape de las manos el comportamiento del sistema, por ello está facultado el Estado para dictar medidas de planificación, racionalización y regularización de la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

En referencia a lo anterior, el estado tiene la obligación de promover la iniciativa privada y las libertades económicas, debe a su vez servir de árbitro para controlar una alteración anómala en el sistema que afecte el comportamiento común, distorsionando las realidades económicas, para esto el estado asume una función denominada “Policía Administrativa” en el cual deber ser garante vigilante de la seguridad jurídica de sus habitantes y de los mismos comerciantes, para esto crea instituciones públicas que se mantienen constantemente evaluando el sistema para controlar sus alteraciones y mantener el orden económico.