Tercera parte: el futuro inmediato de la relaciones binacionales
En dos artículos anteriores consideramos el grave problema de la corrupción y la intervención estadounidense como aspectos relevantes en controversia petrolera con Guyana. En esta tercera entrega consideraremos varias reflexiones ante las dificultades y oportunidades que se prevén en el futuro inmediato de la relaciones binacionales. Para ello conviene destacar que:
El potencial petrolero de la cuenca Guyana – Surinam, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos (providencia No. 6021) estima que se hallan al menos 15.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (o sea, que efectivamente se puede extraer) y unos 41.8 billones de pies cúbicos de gas, en al menos 117 campos petroleros con más de 1 millón de barriles; 24 con más de 100 millones de barriles y 6 con más de 500 millones de barriles, augura la impostergable entrada de Guyana al mundo petrolero, lo que pudiese poner en riesgo el dominio casi exclusivo de Venezuela sobre el mercado en el Caribe y su influencia geopolítica en la región.
Ver: La controversia petrolera con Guyana: ¿A qué nos enfrentamos?
Con el apoyo no solo de ExxonMobil, sino de HESS (ex socio de PDVSA en la operación de la refinería de Islas Vírgenes por medio de la empresa HOVENSA) y de la China National Offshore Oil Company (actual socia de PDVSA a través de la China National Petroleum y principal inversor en la recuperación económica de Venezuela), Guyana avanza sin restricciones a convertirse en productor petrolero para mediados de 2020 y en un aliado energético de Trinidad y Tobago con quien recientemente se firmó un memorando para avanzar en el intercambio técnico petrolero, y en unas posibles negociaciones para poner a disposición la refinería de Pointe-a-Pierre operada por Petrotrin para la futura producción guyanesa.
A favor de las labores petroleras en Guyana, no sólo hay un amplio apoyo institucional y empresarial, donde Petrobras, Repsol, CGX Energy Inc., JHI Associates Inc, Mid-Atlantic Oil and Gas Inc., Schumberger, Chevron, Total, Deep Water Operations Inc. y Petronas han manifestado su intención de unirse al negocio costa afuera, sino un total apoyo internacional de parte de organizaciones como la CARICOM, Mancomunidad de Naciones y del Movimiento de los Países No Alineados. Además, mientras Guyana ha denunciado consecutivamente desde 2013 ante la Asamblea General de Naciones Unidas a Venezuela por supuestas “agresiones”, la delegación venezolana no ha emitido ni un solo comunicado al respecto.
Ver: La controversia petrolera con Guyana: ¿a qué nos enfrentamos? II
Por si fuera poco, nunca ha existido un apoyo recíproco internacional hacia Venezuela por su reclamación territorial: la Cancillería se ha manifestado más reiteradamente sobre asuntos territoriales de otros países (defendiendo el alegato argentino sobre las Islas Malvinas; el boliviano sobre su necesidad de tener una salida al océano Pacífico; el palestino sobre su reconocimiento internacional; el español sobre su soberanía en Gibraltar o el cubano sobre el abandono estadounidense de la base militar en Guantánamo) que por los propios intereses de soberanía en la Guayana Esequiba. Hoy en día, 193 países en el mundo reconocen territorialmente a Guyana como legítima poseedora de la Guayana Esequiba frente a una única oposición de Venezuela.
Esta controversia territorial terrestre tiene implicaciones sobre la delimitación marítima, y por consiguiente, sobre la posesión de algunos yacimientos costa afuera en la cuenca Guyana – Surinam. Sin embargo, en atención a posibles presiones diplomáticas e interrupciones militares de parte del gobierno venezolano, las concesionarias guyanesas han confirmado sus operaciones en el sector más adyacente a las costas que no pertenecen a la “Zona en Reclamación”. Esto, según el criterio de “la línea media medida equidistantemente desde el litoral”; luego de que en la reunión de octubre de 2013 en Puerto España, el Canciller Elías Jaua y la Canciller Carolyn Rodrigues discutieran sobre el arresto del barco panameño de prospección sísmica Teknik Perdana, que se encontraba en labores exploratorias para la concesionaria estadounidense Anadarko Corporation en un sector adyacente a la proyección marítima del Delta del río Orinoco.
Por lo tanto, aunque los bloques concesionarios se extienden en aguas aún por delimitar entre ambos países, las labores petroleras de perforación se ubican presumiblemente en aguas de Guyana. No obstante, la soberanía guyanesa sobre esa zona marítima no puede ser legítimamente ratificada hasta tanto no haya un acuerdo que delimite las Zonas Económicas Exclusivas de cada país.
Debido a la necesidad de dar resolución al diferendo territorial, Guyana ha interpuesto, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un recurso de ratificación del Laudo de Paris del 3 de octubre de 1899, el cual impuso la frontera terrestre entre, las entonces, colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, pero que hoy Venezuela sigue sosteniendo que es irrito por cuanto su decisión carece de justificación, fue arbitraria y contuvo vicios de nulidad. Con el apoyo del Secretario General de Naciones Unidas, la CIJ ha dispuesto que las partes presenten sus respectivos alegatos.
Para Venezuela, el 18 de abril de 2019 es la fecha tope, aunque la Cancillería venezolana ha manifestado y reiterado que no comparecerá ante el tribunal por no reconocer su jurisdicción y considerar que una decisión arbitral es violatoria del Acuerdo de Ginebra al tratarse de una solución impuesta por un tercero y no, como el acuerdo señala, negociada entre las partes de manera práctica y mutuamente satisfactoria.
El futuro inmediato
Guyana se encuentra en el mejor momento de su historia para articular intereses geopolíticos, inversiones privadas, apoyo institucional e internacional y sobre todo, el potencial petrolero que auguran los recientes hallazgos, para convertirse en un importante productor de petróleo y ratificar sus derechos territoriales sobre casi 300.000 km2 de territorio terrestre y marítimo que Venezuela reclama.
Mientras tanto, Venezuela debería manifestar los argumentos y títulos históricos sobre la soberanía marítima en la proyección atlántica del delta del río Orinoco; a su vez que advertir que para la Cancillería es momento de tomar decisiones trascendentales, las cuales están ineludiblemente llegando a su necesaria aplicación: pues, la estrategia de dilación indefinida de un arreglo práctico por medio de los buenos oficios no es una opción viable, más aun cuando el clima geopolítico es francamente adverso al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No caben reinterpretaciones ideológicas y legales sobre el diferendo, tales como: que la reclamación venezolana se trató de una estrategia estadounidense para frenar el avance comunista en Guyana durante los años de 1960 (como lo sostuvo el ex presidente Hugo Chávez en su declaración del 7 de marzo de 2008 en la XX Cumbre de Río) o que el Acuerdo de Ginebra impide explícitamente el otorgamiento de las concesiones petroleras por parte de Guyana (como lo sostiene el diputado William Dávila, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional (AN) para la Defensa de la soberanía sobre el territorio Esequibo y la Fachada Atlántica).
Ante todo, los consensos con el gobierno guyanés son necesarios, pues a pesar de lo antagónico que puede parecer este conflicto, unas vez superado, Venezuela y Guyana seguirán siendo vecinos que comparten, además de grandes oportunidades para el desarrollo conjunto de riqueza petrolera, profundos problemas de corrupción y gobernabilidad que están íntimamente relacionados con el futuro de las relaciones políticas y económicas entre ambas naciones.