Latinoamérica alberga diferentes problemas, pero el que más preocupa a los ciudadanos es la corrupción ya que su presencia en el Estado conlleva la violación de los DDHH y es un óbice para el desarrollo social.  Lastimosamente la corrupción es un problema endémico en nuestra región.

En el 2018 un reporte de la organización Global Financial Integrity (GFI), entidad sin fines de lucro de investigación y asesoría con sede en Washington DC, indicó que América Latina perdió el equivalente a 3% de su PIB en fondos financieros ilícitos que salieron anualmente entre 2003 y 2012.

Odebrecht y Latinoamérica

En junio del 2015, la policía brasileña en el marco de las investigaciones a Petrobras, arresto en São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht, CEO de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países.

Marcelo Odebrecht y sus funcionarios se han acogido a la colaboración eficaz, es decir deberán colaborar con las diligencias y aportar material fehaciente, que permita saber los nombres de los funcionarios de Brasil y de otros Estados que corrompieron para obtener privilegios ilícitos, a cambio la Jurisdicción disminuiría la punición penal sobre ellos y la empresa Odebrecht volverá operar nuevamente para concursar en obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Lo hecho por Odebrecht y sus funcionarios es el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia, esa es la descripción que hace el Departamento de Justicia de EE. UU.

La Democracia y Derechos Humanos vulnerados

La corrupción en Latinoamérica y especialmente el caso Odebrecht han provocado un golpe severo a la democracia y DDHH. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.

Mark Wolf, un juez de Estados Unidos que logró reconocimientos del gobierno y la prensa por haber supervisado diversos casos de corrupción en el distrito de Massachusetts, señala que “La gran corrupción es extraordinariamente costosa en términos de dinero, pero también en términos de daños infligidos a los derechos humanos»

Los delitos que realizan altos funcionarios, especialmente los relacionados a actos de corrupción, afectan gravemente los Derechos Humanos porque el Estado dilapida grandes cantidades de dinero y no invierte en salud, educación, infraestructura, etc. Por otro lado, la ciudadanía pierde confianza en el Estado y sus entidades, mermando de esa forma el sistema democrático.

El sistema político incluso se desestabiliza, en Brasil la investigación “Lava Jato” desató una crisis política extraordinaria y contribuyó a la peor recesión de su historia.

¿Cómo disminuir la corrupción en Latinoamérica?

En primer lugar, el Estado debe promover políticas de transparencia institucional y realizar auditorías para que los ciudadanos tengan de conocimiento en que se emplea el dinero que aportan a través de tributos. Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca son el paradigma de gobiernos en materia anticorrupción tomando en relación las cifras de Transparencia Internacional, organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional.

En segundo lugar, el sistema Judicial y otros órganos de gestión Jurídica como la fiscalía, deben ostentar independencia y autonomía plena, muchos expertos sostuvieron, cuando estallo el caso “Lava Jato”, que es importante contar con entidades judiciales solidas en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, debemos comprender que la corrupción no solo existe en el sector público o espacios de gobierno ya que seguirá creciendo si continuamos con prácticas antiéticas e ilícitas.