El 6 de marzo del año en curso llegó a Guatemala una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en virtud del cumplimiento del Artículo IV del Convenio Consultivo del órgano internacional. El cuerpo técnico del FMI tenía como objetivo analizar el comportamiento de la política económica del país en los últimos meses.
Las conclusiones que emitió la misión no son sorprendentes; solo confirman lo que se ha venido discutiendo en el foro guatemalteco durante mucho tiempo: El crecimiento económico ha sido bueno pero no satisfactorio (en promedio, alrededor del 3% en los últimos 3 años, en términos reales), la inflación se ha mantenido dentro de los límites que establece el Banco Central (4±1 por ciento) y el crecimiento del PIB en términos per cápita en la última década ha sido del 1%.
De igual manera, el crecimiento de las remesas provenientes de los guatemaltecos radicados en EE.UU. ha tenido un papel importante en el consumo privado (factor con mayor incidencia en la composición del PIB por el lado del gasto), en la cuenta de ingreso secundario de la cuenta corriente de la balanza de pagos y en el tipo de cambio, que ha mostrado una ligera apreciación debido al ingreso de divisas.
Según el FMI, la economía guatemalteca debería crecer a un ritmo del 3,6% en el 2019. Dicho crecimiento exige que haya un incremento significativo de inversión privada y pública. Sin embargo, esta última encuentra un escollo, debido a los bajos ingresos públicos. Y es en este punto donde la recomendación fiscal del FMI llama la atención, ya que –en mi opinión- es inviable y perniciosa para los guatemaltecos, sobre todo para aquellos cuyo nivel de renta es bajo.
La misión considera que la carga tributaria debería alcanzar el 15% del PIB. Para ello proponen “una subida de las tasas del ISR personal (que podría abordarse en una primera etapa), una simplificación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, un aumento de los impuestos indirectos, y una reorientación de ciertas deducciones tributarias existentes para mejorar la cobertura en salud y en las pensiones”. En otras palabras, el perjudicado de la implementación de este tipo de políticas es el ciudadano común, cuyo ingreso disponible disminuye y por consiguiente, su capacidad de consumo.
Si se requiere recaudar más ingresos fiscales, lo ideal es aumentar la base tributaria y combatir la evasión fiscal y las actividades de contrabando en las aduanas. En cuanto a lo primero, se debe voltear la mirada hacia el grado de informalidad que existe en la economía guatemalteca. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Población Económicamente Activa (PEA) del país rebasa los 6.7 millones de personas, de las cuales, 4,5 se encuentran en el sector informal. No obstante, la transición y la incorporación de estas personas al sector formal sería un proceso largo y costoso. La baja moral tributaria y el desconocimiento del marco jurídico- institucional, son algunos de los factores que impiden que las personas se integren a la formalidad.
En cuanto al contrabando aduanero, se estima que asciende a los 17 mil millones de quetzales.
¿Por qué no empezar a solucionar problemas estructurales? ¿Por qué no mediante el fortalecimiento de instituciones como la SAT –Superintendencia de Administración Tributaria- se logra recaudar de manera efectiva los ingresos fiscales que requiere el gobierno para aumentar el gasto?
Sofocar a la sociedad con más impuestos solo tendría un efecto contrario en el crecimiento económico deseado. Gravar –aún más- la renta de los agentes económicos solo desincentiva el consumo y la inversión. Más impuestos, menos renta disponible, menos consumo, menos capacidad de ahorro y a largo plazo niveles de inversión bajos. La reforma fiscal debe orientarse a mejorar la calidad del gasto. Los guatemaltecos necesitan ver que sus impuestos se traducen en servicios públicos de calidad.
¿Más impuestos para pagar las exigencias del sindicato de maestros? ¿Más impuestos para secretarías e instituciones inoperantes? ¿Más impuestos para alimentar la perspicacia corrupta de muchos funcionarios? La respuesta es evidente.
Las tasas de crecimiento superiores al 3% se van a obtener cuando haya estabilidad política, seguridad jurídica y los niveles de confianza por parte de los agentes económicos aumenten. El papel del gobierno consiste en priorizar y formular una política de gasto cuyo fin sea mejorar la calidad y el alcance del sistema educativo y de salud, así como también se debe invertir en infraestructura y en proyectos que garanticen la seguridad ciudadana.
Siempre que existan sindicatos que impiden el funcionamiento de las instituciones y los proyectos públicos se utilicen para engrosar billeteras de los participantes, el gasto público va a seguir siendo lo que ha sido hasta ahora: un fracaso.
En conclusión, la recomendación de la misión del FMI me parece injusta porque perjudica a los que siempre han sido lacerados por el poder público: la población pobre, que representa más de la mitad de la población guatemalteca.