Diariamente realizamos diversas actividades para compensar nuestras necesidades, el trabajo para el ser humano representa una fuente de satisfacción, sin embargo, debido a los avances de la tecnología y la globalización, se ha vuelto más competitivo y difícil conseguir un puesto laboral, en ese contexto algunas personas optan por generar ingresos económicos fuera del marco normativo y eludiendo sus responsabilidades frente al Estado.
Según un informe titulado «Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2015» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 75% de los trabajadores del mundo no tiene un empleo estable. En Europa se debe principalmente a los llamados minicontratos o contratos cero y en Latinoamérica la razón principal de la inestabilidad laboral es causada por la informalidad.
Latinoamérica y la informalidad
Según la OIT la economía informal se refiere a todas las actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades económicas que no están total o parcialmente cubiertas por acuerdos formales. Sus actividades no están incluidas en la legislación lo que implica que: a) están operando fuera del alcance de la ley, b) la ley no es aplicada o c) la ley desincentiva su cumplimiento porque es inapropiada, burocrática o impone costos excesivos.
134 millones de latinoamericanos tienen un empleo informal, según los últimos datos disponibles (2015) de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, casi la mitad de la fuerza laboral de toda región
En agosto del 2018, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), “el sector informal sigue teniendo una gran representación en la región donde, para algunos países, el mercado laboral informal es ahora de mucho mayor tamaño que el de la economía formal. Comprendiendo casi 60% del mercado de trabajo”.
¿Cómo afecta la informalidad a Latinoamérica?
La informalidad laboral afecta la productividad de la región incidiendo negativamente en el desarrollo económico, los Estados no perciben los ingresos tributarios necesarios para la consecución de sus fines ya que dichas actividades se realizan fuera del marco legal, por otro lado, la economía informal a nivel social genera desigualdad, exclusión del sistema financiero y violación a los derechos laborales.
¿Qué deberían hacer los gobiernos para incentivar la formalidad?
Es necesario que el Estado cuente con un marco normativo sólido para garantizar la seguridad del empleado y el respeto por sus derechos, así como cerciorarse de que la empresa realizara actividades licitas, no obstante, a veces las regulaciones se tornan excesivas y la burocracia imponen un costo adicional, obstaculizando así la creación y la operación de empresas formales. Hernando de Soto, un prestigioso economista y académico peruano, ha dedicado varios libros e investigaciones a este fenómeno. De Soto propone que la estrategia debe ser la de informalizar la formalidad. Es decir, hacer más viable, atractiva y simple la incursión en la formalidad. En su libro “El Otro Sendero”, escrito junto al reconocido jurista peruano Enrique Ghersi, otro gran especialista en la materia, definen la informalidad como “la respuesta popular, espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para favorecer las aspiraciones de los más pobres”. Es decir, el problema no es la economía informal sino el Estado. También afirman que “cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad”.
Finalmente FUNDES, organización internacional que promueve el desarrollo competitivo de la MIPYME en América Latina a través del fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, recomienda que para promover la formalización se requiere el mejoramiento de la regulación existente, por medio de reducir la regulación excesiva y perfeccionar los procesos para el registro, operación y cierre de empresas; incrementar la productividad, capacitando y brindando servicios de desarrollo empresarial y facilitar el acceso a los mercados financieros, de bienes y servicios, por medio de establecer vínculos y generar incentivos.
En conclusión, la alta tasa de informalidad en América Latina es alarmante, los gobiernos deben crear políticas para minimizarla y procurar el desarrollo sostenible en la sociedad con reformas que incentiven la formalización. La informalidad lleva consigo diferentes problemas como la pobreza y desigualdad, además nos afecta a todos porque impide que el Estado recaude impuestos para la satisfacción el bien común.