El CORONA VIRUS (COVID-19) se identifica por primera vez el 01/12/2019
en la República Popular China, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de
Hubei. Este virus es causante de un síndrome respiratorio agudo grave (SARS-
CoV-2) un tipo de neumonía que de agravarse en el infectado puede causarle la
muerte en cuestión de pocos días. Su forma de transmisión es de persona a
persona a través de las gotas de saliva o mucosidad provenientes de un infectado
que tose y estornuda cerca de otras personas sanas. Este virus dura horas activo
en diferentes superficies, siendo llevado de una ubicación a otra por personas
sanas o ya infectadas, que pueden o no presentar síntomas (tos seca, fiebre,
dificultad para respirar y pérdida del sentido del olfato y gusto), siendo su periodo
de incubación de cinco a catorce días, de allí su rápida expansión a nivel mundial,
siendo considerado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
11/03/2020.

En los actuales momentos (24/03/2020) no existe vacuna para inmunizar a
las personas, tratamiento estándar para aplicar a los enfermos o cura definitiva
para extinguir el virus a nivel mundial, por esa razón, en atención a las
recomendaciones de la OMS la mayoría de los gobiernos del mundo han asumido
diversas medidas para contener y prevenir la expansión del virus, que van desde
la cuarentena obligatoria, el distanciamiento social y el aislamiento total de las
personas en sus hogares, con horarios específicos para la compra de insumos
básicos de manutención de las familias y el hogar, así como también jornadas
extraordinarias de trabajo médico sanitario para diagnosticar y separar posibles
infectados del resto de la colectividad y así aplacar el crecimiento del virus en la
población. Al día de hoy se han informado de más de 383.000 casos de COVID-19
en más de 190 países y territorios, resultando en más de 16.500 muertes, siendo
el grupo más vulnerable aquel conformado por hombres y mujeres mayores de 65
años con condiciones médicas crónicas preexistentes.

No existe vacuna o tratamiento específico, como ya señalamos, y el
tratamiento mayormente aplicado es la terapia sintomática y de apoyo, con
medidas de prevención que incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser,
usar tapabocas, distanciamiento social de otras personas, el aislamiento y
seguimiento para las personas que se sospecha están infectadas. Esta situación
de alarma y emergencia ocasionada por el COVID-19 según la gravedad
experimentada en cada país, está generando efectos económicos, políticos y
sociales a considerar, asumiendo la ausencia de movilidad social, la merma en la
producción y la disminución del consumo de algunos bienes y servicios que ahora
no están entre las prioridades de las personas, empresas y gobiernos, ahora
abocados todos a la contención de la pandemia mientras se desarrolla algún
tratamiento efectivo o vacuna.

En este sentido, para el caso de Venezuela el día 12/03/2020 el Ejecutivo
Nacional decreta la suspensión de actividades públicas que impliquen
concentración de personas en espacios abiertos y cerrados, como una primera
medida de contención y prevención del COVID-19. El 15/03/2020 el Ejecutivo
Nacional decreta la cuarentena en algunos estados del país, para el 16/03/2020
decretar el cierre de ciudades y cuarentena nacional, con disminución de
movilidad social en todo el territorio nacional de la mano del distanciamiento social
y el aislamiento, seguido de suspensión de actividades académicas a nivel
nacional en todos los niveles de formación, así como también la suspensión de
actividades laborales en los sectores público y privado, exceptuando aquellos
necesarios por motivo de fuerza mayor (salud, banca, comercio, defensa,
protección civil, entre otros), en concordancia con el Decreto que declara el Estado
de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria del CORONA VIRUS (COVID-19)
N° 4.160, de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519, de fecha 13/03/2020.

Sin embargo, más allá de estas medidas Venezuela presenta a la fecha 91
casos confirmados de COVID-19, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

En este mismo orden de ideas, la dinámica económica nacional que ya
viene arrastrando una inflación acumulada al cierre de 2019 de 9.585,5% según
cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), también presenta Reservas
Internacionales inferiores a los $6.600 MM, una producción petrolera inferior a los
600 M B/D, dolarización de facto superior al 70% en todo el territorio nacional,
escaso poder de compra del bolívar, Riesgo País EMBI+ de 15.544 pb,
ralentización y anquilosamiento del aparato productivo nacional con 6 años de
variaciones negativas del PIB, así como también total ausencia de armonización
en la política económica (monetaria, cambiaria, fiscal y comercial), producto de

una gestión económica deficiente e irresponsable, que deja al país en un estado
de debilidad e indefensión estructural contra cualquier evento extraeconómico,
siendo este el caso del COVID-19, el cual se convierte en pandemia y afecta a
todos los mercados globales en el peor momento de la historia económica, política
y social de Venezuela.

Ante esta situación el Ejecutivo Nacional decretó un grupo de medidas
económicas que incluyen: 1.- Suspensión del cobro de alquiler de comercios y
viviendas principales en 6 meses para proteger a las familias venezolanas, 2.-
Ratificación de la Inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2020, 3.-
Activación de un plan especial de pago de nóminas de las empresas del país a
través del sistema Patria por un lapso de 6 meses desde marzo, 4.- Ratificación de
un plan de inversión agroalimentaria para garantizar 7 millones de familias
beneficiadas por el Clap, 5.- Pago de bonos especiales por el Carnet de la Patria a
trabajadores informales y privados, 6.- Suspensión por 6 meses del pago de
capital e intereses de créditos bancarios, 7.- Plan de Emergencia en los términos
de acceso para adquirir créditos para los pequeños y medianos productores en
especial para las Pymes y 8.- Prohibición en los próximos 6 meses del corte de
todos los servicios de telecomunicaciones.

Este paquete de medidas, lejos de orientarse a la corrección de algunos
problemas estructurales de la economía nacional, más bien afecta gravemente la
operación de los sectores inmobiliario, financiero y telecomunicaciones, así como
también compromete aún más las actividades de los sectores construcción,
seguros, comercio y servicios, transporte, educación, logística y distribución,
porque se suma a la ya presente recesión económica que vive Venezuela desde
2015, que forma parte de un proceso de recesión global donde los gobiernos de
los principales países del mundo (G8) están decretando paquetes de estímulo a
las empresas, inyección de liquidez en sus mercados, postergación de pago de
impuestos, incentivo a la producción nacional y aseguramiento de la logística y
distribución de alimentos dentro de su territorio.

Las decisiones en materia económica que acompañan el Decreto que
declara el Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria del CORONA
VIRUS (COVID-19) en Venezuela, no cuentan con las sugerencias y
recomendaciones reiteradas del empresariado nacional (FEDECAMARAS,
CONINDUSTRIA, CONSECOMERCIO), que en variadas oportunidades ha
generado propuestas concretas y realizables al Ejecutivo Nacional en la búsqueda
del consenso necesario para el logro de la recuperación del aparato productivo,
siendo los primeros pasos para la obtención de una primera fase de la
normalización de la dinámica económica nacional. Sin embargo, se ha preferido
obviar lo propuesto e insistir en las mismas medidas unilaterales que lejos de
corregir, agravan el estado actual de la situación nacional el cual se suma
velozmente a una recesión de índole global, donde solo una política económica
coherente y coordinada con los sectores productivos del país pueden hacer la
diferencia.