Los DEG (Derecho especial de giro) fueron puestos de nuevo en la mesa de debate en 2011 cuando el FMI analizó la posibilidad de ampliar el rol de este activo y del sistema por el cual se desenvuelve. Si bien, funciona como una moneda global, intercambiable por divisas pudiendo proveer de liquidez a un país, su magnitud sigue siendo muy limitada.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) define los DEG como un activo de reserva internacional, el cual fue creado en 1969 con el objetivo de suplir de liquidez las reservas oficiales de los países miembros. Según la cuota de cada país dentro del organismo y el peso relativo de la economía el FMI asigna una cantidad de DEG la cual puede ser intercambiada libremente por divisas entre los países miembros o en caso que el FMI lo decida mediante un sistema de asignación. El DEG pese a no ser una moneda per se, funciona como unidad de cuenta y determina su valor en una “cesta” conformada por dólares americanos, euros, yenes, libras esterlinas y más recientemente (2015) el renminbi.
Cuando un país miembro demanda divisas la tenencia de DEG disminuye y las reservas en divisas aumentan, dado el caso que la tenencia sea menor a la posición designada el país deberá pagar un interés y viceversa -interés calculado de forma semanal-. Por lo tanto, adaptar este sistema a las necesidades de liquidez globales es un objetivo primordial para la estabilidad financiera de las naciones.
DEG como instrumento de asistencia internacional
Este instrumento ofrece una alternativa poco utilizada en el área de la colaboración internacional. De sobra es conocido el éxito, o la ausencia de éste, de las intervenciones más notables del FMI, especialmente en las dos últimas décadas del siglo XX.
La aplicación intensiva de programas de ajuste poco flexibles, partiendo de supuestos estrictos y enfocados en economías desarrolladas, generaron una percepción negativa sobre el FMI, especialmente en aquellos países menos desarrollados. Por otro lado, la presencia de crisis económicas, de gran magnitud, en países no desarrollados, resalta la necesidad de instituciones que permitan el financiamiento ante estas situaciones. Situación en la que se encontraría Venezuela ante un, supuesto, cambio de gobierno.
De esta forma, los DEG proveerían una fuente limitada de divisas, sin abandonar de forma determinante la independencia en la política económica local. De hecho, Soros (2002) propuso que los DEG fuesen utilizados como una alternativa a la ayuda extranjera convencional; siendo el medio por el cual las naciones desarrolladas pudiesen donar parte de sus reservas en dicho activo a las naciones más necesitadas, siguiendo una serie de reglas.
La forma como este mecanismo de ayuda podría funcionar sería mediante la creación de un mercado en donde los programas de políticas de ajuste macroeconómico compitan por los fondos del donante, lo que incrementaría la capacidad en términos de volumen y sería una nueva forma de administrar la ayuda extranjera. El FMI por su parte debería de crear una junta directiva que seleccione los programas elegibles para las donaciones de DEG, dicha junta sería conformada por expertos en el tema, los cuales no estarían relacionados a los países en cuestión. A su vez se debería de permitir la participación del sector privado dentro del instrumento.
Propuesta para Venezuela
La crisis venezolana, en palabras de Ricardo Hausmann, es la más profunda que ha enfrentado la nación en su historia, registrando una contracción del PIB mayor a la sufrida por Estados Unidos en la Gran Depresión de 1929. La inflación estimada por el FMI en los siguientes años estima 2.530% de variación anual. Como lo señala Hausmann (2017), en la actualidad Venezuela es el país más endeudado del mundo, no hay otra nación con una deuda pública externa tan alta como proporción de su PIB o de sus exportaciones. En adición, las Reservas Internacionales se han contraído a un tercio del valor de hace 7 años, situándose en 10.033 millones de dólares. En la misma línea, es adecuado afirmar que el control cambiario ha fracasado por completo, sirviendo de incentivo para la fuga de capitales -nuestros cálculos arrojan un aproximado de 185.000 millones de dólares entre los años 1998 y 2014, siendo un 82% de esta salida de capitales durante el período de control cambiario-.
Añadido a lo anterior, se debe destacar que la posición en DEG es apenas un 12% de la asignación, aproximadamente 437 millones de dólares, la cual fue consumada en los últimos 3 años para cumplir el pago de la deuda externa. Deuda que se ha cumplido gracias a la disminución en las importaciones desde 2013. Si bien Venezuela se ha caracterizado por continuos superávits en su cuenta corriente la disminución en los ingresos petroleros y el aumento de la proporción del petróleo sobre las exportaciones totales han provocado amplios déficits comerciales desde 2015.
Por último, la monetización del déficit, el cual el FMI estima que es superior al 10% del PIB desde 2010 -por medio de ingentes aumentos en la oferta monetaria, aumento de 31648% desde 2005 hasta la actualidad- ha colocado a la economía venezolana al borde de la hiperinflación.
El escenario ideal para Venezuela, dado un cambio de gobierno e ideológico, sería realizar ajustes de gran magnitud minimizando el costo de los mismos. Es en este último punto donde los DEG serían una herramienta clave para inyectar liquidez, a un costo asequible. La aplicación de la estabilización económica puede llevarse a cabo tanto como medida de choque como de forma gradual. Si bien muchas áreas, como la eliminación de ciertos controles de precio o la sustitución de subsidios, pueden desarrollarse de forma progresiva, otras áreas son mutuamente excluyentes en relación al momento de su aplicación.
Por ejemplo, se considera que dada la situación extrema de la economía venezolana una salida gradual del sistema de control de divisas es inviable. En primer lugar, la debilidad institucional histórica muestra tendencias a hacer permanente lo temporal. Continuar con un sistema cambiario de tasas múltiples seguirá siendo un incentivo lo suficientemente atractivo como para mantener un control gubernamental sobre este. En segundo lugar, la alarmante falta de liquidez de las reservas internacionales y el elevado nivel de deuda pública, así como el costo de emitir deuda, no parecen estar del lado de un levantamiento gradual.
De esta forma, partiendo del supuesto actual de que Venezuela cuenta con menos de 10 mil millones de dólares en reservas, se estima que la cantidad de reservas que harían factible la liberalización cambiaria se ubicaría alrededor de los 30 mil millones de dólares. Esto implicaría un financiamiento, por medio de los DEG, de 20 mil millones de dólares. Esta opción depende de una negociación extensa con el FMI, así como sus miembros, que permita acceder a este tipo de financiamiento.
Cabe resaltar que los DEG no proveen una opción perfecta. Por ejemplo, como propuso Dornbusch (1976), uno de los riesgos más notables en un esquema cambiario de flotación libre es la volatilidad a corto plazo del tipo de cambio. Si bien el Overshooting resulta inevitable ante más de una década de represión cambiaria, las consecuencias de corto plazo pueden manejarse con cierta flexibilidad con la aplicación de subsidios por medio de transferencias directas hacia los estratos menos favorecidos. En adición, la eliminación del control cambiario reduciría tanto el manejo estatal sobre las divisas como la burocracia existente para su administración.
Cabe destacar que estas medidas no pueden llevarse a cabo sin la derogación de la ley del BCV de 2005, la cual permite que la entidad monetaria financie a instituciones públicas. El control del déficit público y del crecimiento de la base monetaria es un área innegociable dentro de cualquier plan de ajuste, o de desarrollo, que desee ser considerado como realista. En conjunción, el establecimiento de metas de inflación, como muestra Svensson (2010), suele ser una medida efectiva en la estabilidad de precios, inclusive en aquellos países denominados como emergentes. Aunque la alternativa del financiamiento por medio de los DEG resulte más atractiva, es fundamental establecer primero una diferenciación de poderes clara en el ámbito venezolano para que esta pueda ofrecer resultados positivos.
En conclusión, la propuesta en torno a los DEG se ve sometida a una serie de desventajas. La disposición del FMI de reestructurar los DEG o la debilidad institucional presente en los países subdesarrollados, proclives a utilizar los fondos en políticas procíclicas o inflacionarias en ausencia de un compromiso institucional sólido, son obstáculos importantes en el futuro de esta opción. De igual forma, el DEG, de por sí, no tiene la capacidad de ser un instrumento inflacionario, sin embargo, su baja influencia sobre la liquidez en los mercados provoca que este sea cambiado por divisas. Al ejercer la opción del DEG se lleva un efecto similar al que realiza una emisión de dinero en cualquiera de los países que sirven de respaldo al instrumento, por lo que, aun siendo en un mercado foráneo, estos países podrían percibir un efecto al alza en los precios. A pesar de ello, los bancos centrales siempre tienen la opción de esterilizar el exceso en la oferta monetaria, que cabe destacar no sería de gran magnitud.
Además, el DEG constituye un sustituto imperfecto de las reservas internacionales por lo que su acceso directo como medida de intervención en los mercados es limitado. Esto se refleja en el hecho de que el sector privado no tiene acceso a él.