Sustitución de cultivos ilícitos en zonas de priorización: ¿Reto u oportunidad para el Presidente Iván Duque ?

Es bastante preocupante la incertidumbre que llena a los colombianos, conforme los acuerdos de paz alcanzados con las FARC durante el año 2016. Varios puntos del acuerdo se manifiestan como grandes retos y desafíos a corto y mediano plazo. Mostrando, por un lado, la faceta más pesimista de los colombianos, y por otro, a aquellos de la ola optimista, los cuales no renuncian a ver la realidad nacional en vuelta en un porvenir de éxitos y logros alcanzados.

Dentro de los acuerdos de paz, se destaca el punto número cuatro como uno de los pilares fundamentales a combatir para el gobierno nacional entrante. Las drogas ilícitas han configurado un escenario de inseguridad y ha proporcionado a los GAO (Grupos Armados Organizados) un financiamiento incesante y sostenible, mediante la producción, distribución y venta de estupefacientes, tanto en el territorio nacional, como en la arena internacional. Muchos tienden a pensar de manera general y ven en dicho problema, solo una afectación a las estructuras militares e incluso económicas del país. Sin embargo, es preocupante como la cadena de este hecho ilícito permea las instituciones sociales.

Los primeros afectados por el cultivo ilícito han sido los campesinos y comunidades que han vivido por más de treinta años bajo los ingresos de esta actividad. Dejando de lado la priorización del deseo de estabilidad social en las regiones y, sobre todo, una consecuente desarticulación de la realidad del país.

Es por ello que este punto del acuerdo recae en un reto muy arduo para el gobierno central. Teniendo en cuenta las declaraciones del ex presidente Juan Manuel Santos durante el año pasado, el combate contra las drogas ilícitas se dará mediante la sustitución de dichos cultivos, generando un espacio para el desarrollo agropecuario, dando garantías a aquellos campesinos que se acojan. Lo anterior, bajo un marco de voluntariedad, demostrando las ayudas institucionales del gobierno.

Pero no todo es tan fácil cómo podría pensarse. Cabe recordar que desde el año 2015, la lucha contra los cultivos ilícitos tuvo un retroceso debido a la prohibición en el uso del glifosato como mecanismo de radicación. Lo cual trajo como resultado, un aumento en los cultivos desde dicho año hasta el presente. La conclusión a la que se llego fue volver a utilizar la radicación manual e ir proporcionando a estos territorios un control permanente, mediante la vigilancia estatal. Aun así, el debate sigue vigente sobre cómo combatir la radicación. Y el reto para la nueva presidencia de Iván Duque, se evidencia no solo en el ámbito de la gobernabilidad sino en la generación de la estabilidad socio cultural de las regiones más afectadas, las cuales siguen siendo uno de los puntos más sensibles de la actual republica colombiana.