Constitucionalizar la pobreza: ¿La ultima jugada de la Revolución Bolivariana?

“Los problemas no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento en el que fueron generados” Albert Einstein.

Quien ingenuamente piense que por medio de un proceso constituyente y una nueva constitución se va a solventar el grave problema económico que vivimos los venezolanos, peca en lo mínimo de ignorancia supina.

Es imposible, con la contundencia que implica el término, que un conglomerado de preceptos en una constitución puedan tener algún efecto positivo en la economía si los mismos responden a intereses de una parcialidad política que en el ejercicio de las funciones de gobierno ha llevado al país con las mayores reservas de petróleo del mundo a niveles de la indigencia.

¿Las razones?

Como se ha demostrado a lo largo de estos dieciocho años, lo establecido en el articulado económico de la CRBV, que va desde el Art. 299 hasta el Art.321 no se aplica, no se cumple y prueba de ello es que no existen resultados positivos para mostrar. Las cifras actuales de la economía venezolana lo demuestran: el país que ostenta el mayor índice inflacionario del planeta, una recesión continuada de treinta y tres meses con un acumulado de más del 22% y estimaciones para el 2017 de -7.4% de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, el primer lugar en el Índice Mundial de Miseria, el mayor Riesgo País del mundo, devaluación, escasez, altos niveles de pobreza, contracción del aparato productivo, el cuarto peor país del mundo para hacer negocios de acuerdo con el Índice Doing Business 2017 (187 de 190 países), el por citar algunas.

¿Qué es lo que se pretende modificar a la normativa que rige el sistema socioeconómico plasmado en al actual constitución?

Básicamente quienes proponen como solución a la penosa crisis económica un proceso constituyente, plantean, entre otros, constitucionalizar las “misiones”, los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” mejor conocidos como CLAP y se aspira cambiar el “modelo rentista petrolero” que tanto ha contribuido con la permanencia y buen vivir de los defensores del Socialismo del Siglo XXI, por una “economía productiva post petrolera”, basada en el trabajo y la diversificación. Las dos primeras propuestas, de entrada, son una proclama a la pobreza, al pretender que las dádivas populistas sean parte del contrato social y en cuanto a la última, representa un engaño a la ciudadanía al afirmar que el cambio a un modelo económico productivo requiera ser parte de la Carta Magna del país para poder llevarse a cabo.

En primer lugar, es importante recordar que las “misiones” surgen como estrategia de control social directo en el que el Poder Ejecutivo puede otorgar de manera discrecional: viviendas, automóviles, cupos universitarios, alimentos, medicinas y hasta intervenciones quirúrgicas, pasando por lentes, materiales de construcción y electrodomésticos; esquivando flagrantemente todos los mecanismos contralores y de auditoría establecidos en la normativa legal vigente. En Venezuela se han creado organizaciones paraministeriales con su respectiva nómina burocrática con el fin de aparentemente, hacer más expedito el proceso de entrega de “beneficios” a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sin embargo, este mecanismo exprés ha permitido, entre otras cosas, la asignación de licitaciones, contratos, comisiones y demás patrocinios sin ningún tipo de control ex ante y ex post, ha generado corrupción y causado un daño patrimonial al país que solo podrá cuantificarse en la era post-chavista. Sin contar con las presiones a las que son sometidos los beneficiarios y posibles beneficiarios, en una especie de extorsión con fines políticos-electorales.

Por su parte, los CLAP entendidos como una consecuencia pública y notoria de la implementación de políticas económicas erradas y supeditadas a elementos políticos, al ser parte de la Carta Magna, significaría que la escasez y la pobreza pasan de ser una consecuencia a ser un objetivo a lograr. Aquí comenzaría lo planteado por F. Hayek el “camino a la servidumbre”, donde los que “inadvertidamente” buscan la “justicia social”, con su control y subsecuente desmantelamiento del libre mercado, terminan destruyendo toda libertad económica y personal.

De igual forma, con respecto al cambio de modelo económico hacia una economía productiva, es claro que la productividad no se decreta, se logra con el diseño de políticas públicas coherentes y dirigidas hacia un objetivo común de desarrollo económico. Se alcanza cuando existe estabilidad jurídica e incentivos para propiciar la inversión. Que se coloque como parte del articulado constitucional no va a significar que en la praxis se materialice este cambio de paradigma, que por demás, está bastante enraizado en el imaginario gubernamental que todos los días anhela un incremento súbito en los precios del oro negro como mecanismo sencillo y rápido para mejorar el flujo de caja sin mayor esfuerzo.

Queda claro entonces que tanto las “misiones” como los CLAP son mecanismos distorsionadores de la economía, ambas tienen como objetivo central el control social de la pobreza, al elegir quien es el beneficiario en base a unos parámetros netamente político-partidistas, pero lo realmente preocupante es pensar por un momento el tipo de leyes que van a operacionalizar la implementación de estas actividades en el caso que llegue a materializarse una nueva constitución.

¿Qué podemos esperar?

Es evidente que el proceso constituyente que enarbola el gobierno ni quiere paz, ni quiere progreso, ni quiere desarrollo económico. Esto se logra de otras maneras, por otras vías: respeto a las leyes vigentes, la institucionalidad y promoción de la democracia, generación de confianza. Este proceso tiene, como todas las estrategias del gobierno bolivariano un objetivo tras bastidores, que no es otro que la permanencia en el poder del grupo que hoy lo ostenta sin mayores escrúpulos. Las deplorables condiciones sociales, el hambre, la pobreza, el éxodo de los venezolanos, son la consecuencia de la mayor farsa que se le haya vendido a país alguno.

Por último, en lo que respecta a la economía, con toda responsabilidad hay que decirlo: la constituyente solo afianzará los problemas económicos profundizándolos, no va a resolver nada porque sencillamente no puede, no es su función, no es la herramienta adecuada. Quienes tienen la intención de ser parte del proceso son los que durante dieciocho años han generado las condiciones que nos tienen aquí. Sin embargo y lamentablemente, lo que si pueden es constitucionalizar la pobreza, el atraso, la desesperanza, la mendicidad y eso inexorablemente podría significar el fin de la libertad.


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